La amortización de la deuda del conjunto de las administraciones públicas en Canarias requeriría que cada ciudadano destinara a la misma todos los ingresos que recibe por su trabajo durante 378 días. Este es el panorama que dibuja la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su último informe sobre el endeudamiento público, en el que las Islas salen bien paradas en cuanto a la deuda autonómica, que se mantiene por debajo de la media de las comunidades, pero no así si se suma la parte proporcional correspondiente al Estado, la Seguridad Social, cabildos y ayuntamientos.
El análisis realizado por este órgano independiente divide la factura de las administraciones públicas en jornadas de trabajo. La deuda de la Comunidad Autónoma está previsto que supere los 7.000 millones de euros a final de año, según se recoge en la ley de presupuestos, lo que equivale al 16,7% del Producto Interior Bruto (PIB), muy por debajo de la media nacional que es del 25,1%. Esta cantidad supone una deuda de unos 3.500 euros por cada uno de los 2,1 millones de habitantes que hay en las Islas.La media para pagar la deuda regional por habitante es de 89 días de trabajo pero en Canarias esa cifra se reduce hasta los 56 días, la tercera más baja tras Madrid y País Vasco. Las más altas son Valencia (152 días), Castilla-La Mancha (134) y Cataluña (128).
Pero la AIReF también estudia el endeudamiento que acumulan la Administración del Estado en Canarias, la Seguridad Social y las corporaciones locales, lo que suma 322 días más. En este parámetro el Archipiélago sí sube unos cuantos puestos en el pago per cápita, siendo la séptima región con el endeudamiento público más elevado, ya que los 378 días sólo son superados por Castilla-La Mancha, Extremadura, Valencia, Andalucía, Murcia y Asturias.
El informe de la AIReF corresponde al segundo trimestre de este año, durante el cual el endeudamiento del conjunto de las administraciones públicas españolas alcanzó un nuevo récord en números absolutos hasta los 1,138 billones de euros, 31.000 millones más que en el mismo periodo de 2016. Solo el crecimiento económico ha atenuado de alguna forma el porcentaje de este endeudamiento sobre el PIB, hasta alcanzar el 99,8% del mismo.
La previsiones del organismo para Canarias son más optimistas que para otras regiones en relación con la disminución del endeudamiento hasta el año 2020. Si la deuda en el segundo trimestre equivale al 16,7% del PIB de las Islas, para dentro de tres años este porcentaje puede bajar, según la AIReF, hasta el 11,5%.
El 68% de la deuda que acumula la Comunidad Autónoma proviene del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), mecanismo de financiación lanzado por el Ministerio de Hacienda en plena crisis económica para facilitar la liquidez a las comunidades autónomas, a fin de pagar a los bancos y financiar sus presupuestos. El cumplimiento de los objetivos de déficit por parte del Ejecutivo regional ha posibilitado que en los últimos ejercicios Canarias se haya podido acoger a otro mecanismo, el Fondo de Facilidad Financiera, en el que no se pagan intereses como sí sucede en el FLA.
Las cifras son contundentes y reflejan que el 72% de la deuda pública española es de la Administración General del Estado, mientras que el 25% es de las comunidades autónomas y el 3% restante de los ayuntamientos.
La proyección que realiza la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal es de una senda levemente decreciente, donde se retrasaría la consecución del valor de referencia del 60% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas al menos hasta el año 2035, es decir, hasta dentro de 18 años no se podrá reducir el endeudamiento global en un tercio. Sin embargo, el informe maneja también un escenario peor y es que en el supuesto de que la prima de riesgo suba a 200 puntos básicos (hoy está a 120) en el horizonte del año 2020 y que se ralentice el crecimiento de la economía, el endeudamiento se estabilizaría en torno al 95% del PIB, lo que supondría "riesgos serios de sostenibilidad".
Las reglas de la Unión Europea determinan que las cuentas públicas de los países son sometidas a vigilancia especial y a la obligación de realizar ajustes cuando el desfase presupuestario supera el 3% del PIB nacional. El llamado protocolo de déficit excesivo también se activa si la deuda pública es elevada, por encima del 60% del PIB, y no se ha reducido en los tres años precedentes.
