Si es verdad que una imagen vale más que mil palabras, el congreso Futurismo Canarias retrató esta semana en dos fotogramas el estado del sector turístico canario. Y es que sobre el escenario del Auditorio Infanta Leonor de Arona se pusieron en evidencia, en dos mesas de debate, las tensiones que está viviendo el turismo ante los desafíos a los que se enfrenta. Y la visión encontrada que unos y otros agentes, tanto púbicos como privados, tienen sobre cómo afrontarlos.
El nuevo decreto canario sobre el vacacional fue uno de los protagonistas de la jornada. Un día después de que se diera a conocer el borrador, los participantes tuvieron ocasión de asistir a un cara a cara entre representantes del Gobierno, autor de la norma, y del cabildo y los ayuntamientos, en cuyo tejado han situado la pelota de regular tan delicado negocio: "Lo que hemos hecho es, como en la Ley del Suelo, dar capacidad a cada isla y a cada municipio para que regule de acuerdo a sus características, a través de sus respectivos planeamientos", explicó el viceconsejero de Turismo. Pero a Cristóbal de la Rosa le replicaron algunos de los alcaldes de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC): "Largo me lo fías", resumió Marco Aurelio Pérez, y explicó que "los planeamientos son instrumentos de largo recorrido. Por tanto, el decreto, pese a tener algunos elementos positivos, nos deja en la misma situación de inseguridad jurídica". Y el alcalde de San Bartolomé de Tirajana añadió: "Si la vivienda vacacional es una actividad turística, regulémosla como tal y no la derivemos al planeamiento ni al urbanismo".
De la Rosa le remitió sin embargo de nuevo a la Ley del Suelo, recordando que "su artículo 154 establece la posibilidad de recurrir a una ordenanza, para cubrir el espacio de tiempo necesario hasta que cambien sus planeamientos". Pero el alcalde de San Bartolomé de Tirajana precisó que "no basta decir, usted ayuntamiento, modifique el planeamiento, porque también habría que modificar los planes insulares de ordenación y la sectorización turística". Y el alcalde de Guía de Isora, Pedro Martín, consideró por su parte que "sería fácilmente recurrible tratar de regular una cuestión así por la vía de una ordenanza provisional", dado que el citado artículo es aplicable en casos de extraordinaria y urgente necesidad pública y de carácter sobrevenido.
La judicialización de la actividad turística a consecuencia de la regulación restrictiva de las viviendas vacacionales es el riesgo real que corre Canarias. Lo vienen advirtiendo tanto desde algunas organizaciones (la asociación extrahotelera de Gran Canaria o la de empresarios de la construcción) como desde diversas corporaciones insulares y locales: "Al Gobierno de Canarias le ha faltado diálogo para sacar adelante este decreto. Los ayuntamientos turísticos queremos participar de forma activa en la toma de decisiones", reclamó la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. Y en el mismo sentido se pronunció el presidente de la AMTC y alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga: "El papel del Gobierno es integrar a todos los actores y el diálogo tiene que ser real. Vamos a elaborar un conjunto de alegaciones a presentar al decreto vacacional, al igual que a la nueva ley de coordinación de policías locales, que tampoco tiene en cuenta las singularidades de los municipios turísticos".
Los recursos judiciales llegarán también por la vía de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV), cuya presidenta fue una de las participantes de Futurismo. La segunda mesa de debate fue mucho más bronca que la de los alcaldes, y retrató de forma mucho más evidente a los diferentes actores en disputa: "Felicito al Gobierno canario por su valentía para sacar adelante este decreto", coincidieron en afirmar el consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife y el presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, Alberto Bernabé y Jorge Marichal respectivamente. Y, ante las reacciones en contra de la norma, este último añadió: "Nos estamos cargando el ecosistema social, así que no nos hablen de que no se pueden poner puertas al campo. Tenemos que defender el modelo turístico que ha funcionado y esperamos que el Gobierno siga siendo igual de valiente para que el decreto, una vez aprobado, se cumpla".
Desde dos municipios afectados de forma significativa por el fenómeno del alquiler vacacional, las posiciones fueron más conciliadoras: "El decreto no va a resolver el precio del alquiler de viviendas. No podemos decir que no pueden coexistir las distintas modalidades alojativas o alargar los plazos para que coexistan, porque es una realidad. Ni podemos olvidar que el vacacional es una demanda que existe en toda Europa", reflexionó Dimple Melwani, concejala de Turismo del Puerto de la Cruz. Y su homólogo de Arona la secundó: "Los tiempos cambian y cambian los modelos. Desde Arona hemos visto la oferta vacacional como una oportunidad de reconversión turística de determinadas zonas maduras deterioradas", explicó David Pérez. Y tras reconocer los problemas de convivencia que se están generando, añadió: "Se están alquilando habitaciones al precio de apartamentos y camas al precio de habitaciones. Y hay que resolver el problema del acceso de las personas a una vivienda digna. Pero claro que Arona quiere el vacacional, siempre y cuando los turistas estén con los turistas y los residentes con los residentes".
Dio voz a los propietarios Doris Borrego, la presidente de ASCAV, quien puso el acento en "las dificultades que están poniendo las administraciones para regular a entre 14.000 y 16.000 viviendas que han presentado su declaración responsable y no han sido legalizadas". Y precisó: "El cliente no se deja manipular: si quiere alojarse en viviendas vacacionales no se le puede obligar a ir a un hotel o a un apartamento". "Todas las alegaciones serán escuchadas. Otra cosa es la decisión final que tomemos, porque si algo ha puesto en evidencia este debate es lo difícil que es llegar a un acuerdo", concluyó el viceconsejero de Turismo.
La política turística, en entredicho
- "El Gobierno de Canarias ha tomado la decisión de regular el alquiler vacacional desde la amenaza y no contemplando las oportunidades que ofrece esta oferta", lamentó la presidenta de ASCAV, Doris Borrego. Y dio la vuelta al propio argumento esgrimido por el viceconsejero de Turismo: "Se podía haber optado por la misma formulación pero en sentido contrario: en lugar de prohibir, permitir las viviendas vacacionales con carácter general y que fueran los ayuntamientos quienes las prohibieran en las zonas donde fuera necesario". No fue el único cuestionamiento a la política turística que se planteó en el foro celebrado en Arona. También los alcaldes pusieron en entredicho algunas de las decisiones que se están tomando desde el Ejecutivo autonómico: "El turismo es siempre la maría del Gobierno. Solo se destina a este sector el 1% del presupuesto, cuando el turismo representa más del 30% del PIB. Parece que no necesita nada porque ya tiene ingresos, pero no es así", explicó Pedro Martín. Y tanto Onalia Bueno como Miguel Rodríguez Fraga reforzaron los argumentos del alcalde de Guía de Isora: "Queremos que se nos den los recursos que necesitamos en infraestructuras y equipamientos", dijo la alcaldesa de Mogán. Mientras el de Adeje señaló: "Los ayuntamientos turísticos queremos que se nos defina como tales y tener una estructura financiera acorde con la carga de población de tránsito a la que, junto a los residentes, debemos atender con servicios básicos".
