El turismo agita a Canarias

Canarias tiene un límite. Fue el lema de las manifestaciones que este sábado congregaron a miles de personas en las principales ciudades del Archipiélago. Un lema transversal para una movilización con distintas reivindicaciones y con el turismo en el ojo del huracán. Por más que la principal actividad económica de las Islas no sea ni el origen ni la responsable, cuando menos no la principal responsable, de todos los problemas denunciados este sábado, lo cierto es que sí ha sido señalada como tal por los manifestantes. Es, en cierto modo, el peaje a pagar cuando se tiene tanto peso en la sociedad y la economía de un territorio. El sector preponderante se convierte en el foco del descontento con independencia de la exactitud de las reivindicaciones y los argumentos. Máxime, claro, cuando se sabe agitar la coctelera. En cualquier caso, las manifestaciones, que tuvieron réplica a menor escala en ciudades como Madrid, Barcelona, Londres o Berlín, han servido para devolver al primer plano una serie problemas, dudas y demandas pendientes de resolver. O cuando menos pendientes de aclarar.

‘Ecotasa’

Una de las cuatro grandes reivindicaciones de quienes se movilizaron este sábado en las principales ciudades canarias es la ecotasa. Ecotasa o tasa turística, que no son exactamente lo mismo pero que a falta de consenso -tampoco se aclaran entre los partidos políticos y las instituciones- se han tomado como sinónimos. Sea como sea, y más allá de la fórmula exacta, este tipo de impuesto se paga por la estancia en establecimientos turísticos: hoteles, apartamentos, viviendas vacacionales, campings… Lo normal es que la cuantía sea más alta cuanto más alta sea la categoría del alojamiento -cinco estrellas, cuatro, tres…- y que se establezca una serie de exenciones o rebajas en función del nivel de sostenibilidad medioambiental, es decir, que se pague menos en hoteles que sean autosuficientes en materia energética o en aquellos que se encarguen del tratamiento integral de sus residuos, por ejemplo. Al fin y al cabo, el argumento que sostiene la ecotasa es que su recaudación sirva para paliar las externalidades del turismo de masas, lo que en román paladino significa que ese dinero se emplee para la mejora de la costa, de los senderos, de los espacios naturales, de los parques… Esa es, a grandes rasgos, su concepción original, si bien hay que precisar que existen casi tantas ecotasas como destinos turísticos. Tanto su mayor o menor afán recaudatorio, esto es, que su importe sea más o menos alto, como el destino de los ingresos públicos generados dependen de la decisión del gobierno o ayuntamiento de turno. Y por supuesto su implantación. Se puede apostar o no por la ecotasa, y esta puede ser de 50 céntimos o de doce euros por noche de hotel o apartamento; puede incluir más o menos exenciones; y puede cobrarse o no a los menores de 16, 14 o 12 años. Además, el dinero que deje en las arcas públicas puede emplearse en políticas no directamente relacionadas con el turismo, sin ir más lejos en la promoción de vivienda pública. Pero eso sí: lo que debe tenerse claro es que esta tasa, impuesto o gravamen la tienen que pagar todos los turistas, y turista es también el canario que se va de hotel al sur o a otra isla. Esto sí que no queda a decisión de la Administración pública, ya que la legislación europea y el derecho a la libre circulación de ciudadanos y de capitales impiden discriminar entre turistas residentes y no residentes. Si no, que se lo digan a los baleares, cuyo Govern lleva dándole vueltas a una fórmula con la que esquivar la normativa comunitaria. Sin suerte. El caso es que la ecotasa tiene, como todo, partidarios y detractores. En términos generales, el principal argumento a favor de este impuesto es el susodicho objetivo de paliar las externalidades del turismo, y esta es la razón esgrimida en las manifestaciones de este sábado en el Archipiélago. Al contrario, el principal argumento en contra de este gravamen es que resta competitividad al destino, ya que lo encarece. De esto es de lo que avisa la patronal canaria, que a diferencia de los partidos políticos, se ha mantenido firme en su parecer. Porque en el Parlamento regional hay quienes modulan su postura al respecto en función de las circunstancias.

Ningún territorio renunciaría a especializarse en la 'industria' turística teniendo las condiciones que tiene el Archipiélago

El PSOE lideró el gobierno del pacto de las flores durante toda la pasada legislatura, y en ningún momento, ni antes ni después de la pandemia, le pareció oportuno implantar la ecotasa, algo por lo que sí apostó Podemos, uno de sus tres socios de gobierno, en todo momento. Ahora, al hilo de la manifestación, los socialistas isleños incluso han registrado una Proposición No de Ley (PNL) para la puesta en práctica de la tasa turística. Un viraje que obedece, justifican, a que el turismo ya se ha recuperado de la crisis de la covid. El hecho de que haya casi tantos modelos de ecotasas como destinos turísticos -funciona en distintas ciudades y/o regiones de 21 de los 30 países europeos- dificulta calcular cuánto recaudaría la Hacienda canaria por esta vía. No obstante, en España se aplica tanto en Cataluña como en Baleares, justamente los dos principales competidores del Archipiélago y los dos únicos destinos nacionales que reciben más visitantes que las Islas al cabo del año. Pues bien, si aquí se implantara un gravamen como el de las Baleares, con quien Canarias comparte similitudes por aquello de la insularidad y de la especialización en el negocio turístico, la recaudación anual estaría en torno a los cien millones de euros. De momento, sin embargo, no hay nada. Todo está en el terreno de las reivindicaciones, en el caso de los manifestantes, y de los posibles, en el caso del Gobierno autonómico, en cuyo programa electoral no figura este gravamen pero que sí está dispuesto a discutirlo en la Conferencia de Presidentes que arranca el próximo día 30. ¿Y qué dicen los expertos? Pues el secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, José María Mollinedo, considera la ecotasa una medida «razonable» para lugares que, como el Archipiélago, reciben un considerable número de visitantes. En cambio, otros como Carlos Marcelo Correa, presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Economistas de Las Palmas, la consideran extemporánea en un momento en el que la Hacienda canaria no deja de batir récords de recaudación al calor de la ola inflacionaria. Otra cosa sería, puntualiza Correa, que la introducción de la tasa turística sirviera para rebajar el tipo general del IGIC. Lo otro, sostiene, sería sobrerrecaudar para en última instancia engordar el superávit público.

Espacios naturales

Otra de las reivindicaciones de los manifestantes, muy relacionada con la ecotasa, es un mayor cuidado y control de los espacios o enclaves naturales de las Islas, esos que los fines de semana, cuando más coinciden los turistas con los residentes, lucen masificados y con los coches agolpados en los arcenes de las carreteras de acceso. De hecho, y aunque a primera vista pueda pasar desapercibido, esta es una demanda que entronca con los problemas de movilidad que padece el Archipiélago, o más en concreto Tenerife, donde la planificación de las instituciones ha ido muy por detrás de las necesidades de la población. Un ejemplo que las organizaciones y asociaciones manifestantes han puesto estos días es lo que suele suceder en los senderos de Anaga, donde se concentra una ingente cantidad de aficionados a esta actividad, al senderismo, a consecuencia de la pérdida de atractivo de los caminos de la corona forestal, dañados por el reciente y grave incendio. Rosa Marina González, catedrática de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de La Laguna (ULL) y una de las principales expertas de la región y del país en materia de transportes, explica que el problema de fondo, que viene de lejos, es la deficiente gestión de la movilidad. Porque el problema es más de movilidad que de masificación. Canarias no es Singapur, donde en 734 kilómetros cuadrados se concentran casi tres veces más habitantes que en las Islas y un mismo número de visitantes. Singapur es uno de los países con mayor densidad de población del mundo, y, sin embargo, su esmerado planeamiento urbanístico le ha permitido conservar y crear numerosos espacios verdes y recreativos. La planificación es aquí la clave, porque en este país del Asia Sudoriental nadie habla de masificación, amén de que su economía va como un tiro. Tanto que tiene un índice de desarrollo humano de los más altos del planeta. Si en Singapur han podido, aquí debe de ser posible. ¿Cómo? Para empezar, con planes de movilidad sostenible. La profesora de la ULL apunta que en estos momentos «no hay ningún tipo de restricción». «El turista no puede llegar en coche desde la puerta del hotel hasta la falda del Teide», agrega González, que expone distintas medidas que aliviarían la congestión en el parque nacional más visitado. Sin ir más lejos, y a modo de ejemplo, quizá no se trate tanto de cobrar por subir a las Cañadas como por estacionar. Una medida relativamente fácil de poner en práctica y que por sí sola ya contribuiría a aliviar el problema, además de dejar cierta cantidad en las arcas públicas. Zonas de estacionamiento bien delimitadas -nada de coches en los arcenes- con su correspondiente parquímetro. O poner guaguas lanzaderas para quienes quieran ir más allá de un determinado punto, es decir, que se pueda llegar en vehículo privado hasta El Portillo, verbigracia, y que el turista que quiera subir hasta el teleférico use la lanzadera. Y, por supuesto, cabe la posibilidad de modular la intensidad de las medidas, de modo que sean más estrictas, por decirlo de algún modo, en las horas y/o días de mayor afluencia, como los fines de semana, y más laxas en días laborables. Incluso adaptarlas o suavizarlas -en los casos en que las distintas normativas lo permitan- para los residentes, de tal forma que no vean restringida su movilidad en una isla, en unas islas, ya de por sí pequeñas.

Vivienda y alquiler vacacional

La cuestión de la vivienda es, quizá, la que más trasciende la manifestación. En esto nadie discute la existencia del problema. Puede haber distintas opiniones sobre el origen de una carestía de casas y pisos que se ha convertido en un obstáculo social de primer orden, y también sobre las medidas más o menos adecuadas para tratar de corregir la situación, pero hay plena unanimidad -Gobierno, cabildos, ayuntamientos, patronal, sindicatos, sociedad civil…- no solo al reconocer la existencia del problema, sino también al calibrar la magnitud, enorme, del mismo. La controversia aquí reside en la culpabilidad, o no, del turismo. Entre los manifestantes se ha puesto énfasis en las compras de casas por extranjeros, que en las Islas suponen un más que considerable 30% del total de transacciones inmobiliarias, y en el boom del alquiler vacacional. Pero si bien es verdad que ambos fenómenos contribuyen a agravar el problema, sobre todo las decenas de miles de pisos en arrendamiento turístico, no es menos cierto que ni son la raíz de la carestía ni obstaculizarían el acceso a la vivienda en la medida en que lo dificultan de haberse hecho una adecuada planificación. En Canarias, sencillamente, no hay oferta; y, al mismo tiempo, la demanda no deja de crecer en consonancia con la población.

Al argumento de la productividad puede oponérsele el de la rentabilidad, y la rentabilidad de los hoteles está en máximos históricos

La Administración pública, la regional y la local, se durmió en los laureles, hasta el punto de que se cuentan por decenas, solo por unas pocas decenas, las casas de protección oficial levantadas en la Comunidad Autónoma en los últimos cuatro años. Alrededor de 14.000 en las dos últimas décadas, una cifra irrisoria. Este es el quid de la cuestión. Los inmuebles que compran los extranjeros en muchos casos ni siquiera están en el segmento de mercado de los residentes. Se trata de viviendas de lujo o de gama alta que lamentablemente exceden de las posibilidades de la población local. Sí es verdad que en los últimos años, en los sures de las islas capitalinas y también en Lanzarote y Fuerteventura, ha habido un notable porcentaje de compras de pisos o de pequeñas casas protagonizadas por extranjeros, foráneos que vienen a buscarse la vida al calor del turismo, en muchos casos montando un pequeño negocio hostelero. El ejemplo claro es el de la comunidad italiana del sur de Tenerife. Pero no es este el problema, no el problema en mayúsculas. Es más, tampoco lo es la vivienda vacacional, que, eso sí, ha contribuido por un lado a la visualización de la carestía inmobiliaria y, por otro, la ha agravado. La agrava porque parte de los pisos y casas que estaban en alquiler residencial o convencional se ha pasado al arrendamiento vacacional por su mayor rentabilidad. ¿Quién cede su vivienda por 500 euros al mes cuando puede sacarles 2.000 a los turistas? Así que en un contexto de débil oferta y de ausencia de viviendas de promoción pública, ese trasvase del mercado residencial al vacacional supone echar más leña al fuego de un mercado en total desequilibrio. Por eso el Gobierno de Canarias va a establecer una especie de moratoria a una actividad que ha turistificado las zonas residenciales mientras que, en paralelo, se han residencializado las zonas turísticas. De ahí esa contribución de la vivienda vacacional a la visibilidad de la carestía inmobiliaria: muchas familias y muchos jóvenes no pueden acceder a un alquiler en sus barrios, su localidad, su municipio o los municipios adyacentes y, al mismo tiempo, ven cómo los turistas ocupan cada vez más pisos y casas de su mismo barrio, localidad o municipio. Lo extraño sería que no surgiese malestar social. Ahora bien, cabe insistir en que el origen, la base o la raíz del problema de la vivienda no está ni en el arrendamiento turístico ni mucho menos en los extranjeros que compran inmuebles aquí. Faltó planificación y faltó visión. No hay oferta, de ahí que el Ejecutivo autonómico haya priorizado la construcción de casas en el nuevo plan de vivienda a sabiendas de que no hay solución a corto plazo. Esta es la razón de que se haya buscado la complicidad de las patronales de la construcción y de la obsesión por aligerar al máximo los procedimientos administrativos: o se empiezan a levantar inmuebles de inmediato, muchos inmuebles, o las cosas seguirán igual dentro de diez años. O mejor dicho: estarán peor. Mucho peor. Porque no: poner topes a los precios del alquiler, la medida estrella del Gobierno central, se ha revelado no ya incapaz de bajar los alquileres, sino causa de que se encarezcan aún más. Más de un 7% han subido en Canarias desde que en mayo de 2023 entrara en vigor la ley que limita el incremento del recibo a un máximo del 3%, algo lógico cuando hay una media de 42 familias interesadas en cada inmueble que se pone en el mercado. Lo que no se paga en A se paga en B. Y en cuanto a la propuesta de limitar las compras de casas por extranjeros, resulta que ocurre lo mismo que con la pretensión de que una eventual ecotasa solo la paguen los no residentes, esto es, que somos europeos para lo bueno y para lo malo, y resulta que no cabe eso de que un ciudadano alemán no pueda adquirir una vivienda en territorio comunitario, en este caso en el Archipiélago, básicamente porque el Tratado de Funcionamiento de la UE apuesta por la mencionada libre circulación de personas y de capitales en sus Estados miembros. En otras palabras: porque todos los europeos tienen unos derechos fundamentales, lo que vale para el alemán en Canarias y para el canario en Alemania.

Moratoria

La moratoria turística, que es el nombre genérico que se ha dado a los planes y medidas de la Administración pública para controlar y limitar el incremento de la oferta hotelera, es otra de las exigencias que este sábado se hicieron en las manifestaciones. La moratoria no es algo desconocido en Canarias, ni mucho menos, pero sus resultados no siempre fueron los esperados. Primero llegaron los decretos de 2001, a la postre cercenados en los tribunales, para paralizar la concesión de licencias para nuevos establecimientos turísticos. Vino después, en 2003, la primera moratoria propiamente dicha, la que se instauró a través de las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, que prohibieron la construcción de nuevos hoteles durante tres años. Ocurrió, sin embargo, que entre 2001 y 2003, en medio de avatares judiciales a raíz de los dos decretos de 2001, muchas empresas temerosas de perder las licencias de obra que tenían en vigor se apresuraron para sacar adelante los proyectos. Así que el binomio turismo-construcción puso su maquinaria a pleno rendimiento y se pisó el acelerador más de lo que se habría pisado en circunstancias digamos normales. Esto coincidió con el boom inmobiliario en un entorno de bajos tipos de interés que facilitaba la construcción. Ahí se gestó un primer y más que notable repunte inmigratorio por el efecto llamada de aquel escenario socioeconómico. La segunda moratoria fue la de 2006, y en realidad no fue nueva, sino la prórroga automática de la primera en virtud de una disposición transitoria de esta última. Las licencias de construcción se agotaban hacia finales de 2007, cuando estalla la crisis financiera, que en 2008 ya era una crisis también económica. Surgió luego la segunda moratoria en sentido estricto, la de la Ley de medidas urgentes, en vigor entre 2009 y 2012, cuando a pesar de los elevadísimos niveles de paro a consecuencia de la crisis se prorrogó la prohibición de nuevas construcciones, algo que, claro, limitaba la actividad económica. Esa moratoria estableció una serie de excepciones e introdujo incentivos para la rehabilitación de alojamientos, lo que se premiaba con permisos para aumentar el número de camas. Los incentivos fracasaron. Y la tercera y última moratoria fue la de 2013, la de la Ley de renovación turística, que nació sin consenso y que modificó los incentivos de la normativa anterior para hacerlos más accesibles. En definitiva, el desarrollo y crecimiento del sector turístico, más en concreto del alojamiento, no se ha producido por una política pública de laissez faire, más bien al contrario. Ha habido sucesivas moratorias y leyes reguladoras, algunas profundamente intervencionistas, tan intervencionistas que han costado y costarán suculentas indemnizaciones que han pagado y pagarán todos los canarios. Hay más de una treintena de pronunciamientos judiciales en favor de empresas perjudicadas por la ley de medidas urgentes de 2009, que impidió a los promotores ejecutar los proyectos que habían diseñado en suelos de su propiedad. Más de una treintena de sentencias -35 para ser exactos- que se traducen en otras tantas reclamaciones de indemnización a la Administración autonómica. ¿Cuánto costará esto a los isleños? Pues no hay una cifra oficial, pero sí extraoficial, y asusta: las indemnizaciones a estos afectados se moverían entre los 650 y los 800 millones de euros. De hecho, el Gobierno de Canarias tiene provisionados -reservados- desde hace varios ejercicios cerca de 500 millones con los que sufragar las indemnizaciones una vez se pacte una cantidad con los perjudicados o, de no haber acuerdo, cuando la justicia determine el importe. El caso es que los manifestantes apuestan por una especie de moratoria permanente, que como todo -una vez más- tiene partidarios y detractores. No se trata de algo que esté en la agenda del Ejecutivo que preside Fernando Clavijo, pero con independencia de esto, y de cara al futuro, bien haría el gobierno de turno en tomar buena nota de lo sucedido hasta ahora para que una eventual nueva moratoria no desemboque en más indemnizaciones millonarias.

Condiciones laborales

Es la cuestión central. Y de nuevo vale el ejemplo, extremo si se quiere, de Singapur. ¿Por qué en Singapur no hay descontento con el turismo? ¿Porque han sabido planificar como Dios manda y no hay sensación de masificación? También, pero no es la clave. La clave es que el PIB per cápita, la renta media de sus ciudadanos, es de casi 79.000 euros anuales, una suma que reduce a un asunto de índole menor incluso los ramalazos autoritarios de su perenne Gobierno. ¿Y en Canarias? Pues en Canarias la renta media por individuo no llega a los 20.000 euros. El PIB per cápita del Archipiélago está entre los más bajos de España, que a su vez tiene un nivel de renta por debajo de la media comunitaria. Pero lejos de extremos y de blancos y negros, lo cierto es que hay dos realidades compatibles: por un lado, que el turismo sacó a las Islas de la pobreza desde el auge de finales de los setenta del siglo pasado; por otro, que el turismo tiene en la actualidad un problema -más allá de los que derivan de una deficiente planificación o de fenómenos como el del alquiler vacacional- a la hora de contribuir a una distribución o redistribución de la renta más equitativa. Entre quienes obvian esa primera realidad y orillan el hecho de que Canarias no tiene alternativa, no al menos hoy, para sostener a 2,2 millones de ciudadanos -ningún territorio del mundo renunciaría a especializarse en el negocio turístico teniendo las condiciones que tienen las Islas- se tiende hacia posturas maximalistas que reducen todos los problemas de la región al desarrollo de la industria. Y entre quienes niegan la insuficiente aportación de la actividad a la redistribución de la riqueza, o ven imposible subir los sueldos, suele esgrimirse el factor de la baja productividad. Pero incluso dejando al margen que medir la productividad en el sector servicios es harto complejo, al argumento de la productividad puede oponérsele el de la rentabilidad. Y la rentabilidad del sector es alta. Muy alta. Y también la rentabilidad puede servir como referencia en la negociación colectiva. El RevPAR, o ingresos por habitación disponible, es uno de los indicadores claves para medir la rentabilidad de un alojamiento turístico. Pues bien, el RevPAR de los hoteles de la Comunidad Autónoma está en una media de 123,83 euros -dato oficial de febrero, el último disponible-. La cifra por sí sola no dice gran cosa, pero es la más alta de la historia. Y su incremento en la etapa inflacionaria que comenzó en abril de 2021 está por encima, por supuesto, del experimentado por el Índice de Precios de Consumo. Los costes han subido, sí, pero la rentabilidad lo ha hecho aún más.

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