Canarias busca resquicios legales que limiten la venta de casas a extranjeros

El Gobierno canario afronta el complejo debate sobre la imposición de límites a la compra de viviendas por ciudadanos extranjeros. Para ello ya ha encargado a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma un informe sobre la viabilidad de una medida de este tipo en el actual contexto legal de la Unión Europea y si son posibles iniciativas legislativas que permitan establecer mecanismos que restrinjan la adquisición de inmuebles en las Islas por parte de capital foráneo.

En Canarias alrededor de un tercio de las casas que se venden las adquieren no residentes, sobre todo ciudadanos de países de la UE, situándose entre las tres comunidades autónomas con mayor proporción de venta de inmuebles por parte de foráneos junto a Baleares y Comunidad Valenciana. Por provincias, Santa Cruz de Tenerife es la segunda a nivel nacional, solo superada por Alicante. Los no residentes se hicieron en 2023 con el 35,7% de las casas que se vendieron. En cuanto a las nacionalidades destacan los italianos, alemanes, británicos, belgas y polacos.

Aunque desde el Ejecutivo se ponen como precedentes los ejemplos de Malta y Finlandia, en ambos casos se trata de limitaciones que ya estaban en vigor antes de su entrada en el club comunitario y que negociaron para mantenerlas. Malta impide a los ciudadanos europeos comprar más de una vivienda en la isla a no ser que sean residentes durante más de cinco años. En Finlandia hay una restricción en la adquisición de terrenos o viviendas para las islas Aland, de tal forma que un no residente necesita el permiso de las autoridades para comprar una propiedad.

Junto a este encargo jurídico, el Ejecutivo autonómico promueve que Bruselas abra un debate sobre la saturación poblacional, sobre todo en las zonas turísticas, a través de la Conferencia de las Regiones Periféricas y Marítimas de Europa, con la organización de un foro monográfico liderado por Canarias. El objetivo es que cuando tome posesión la nueva Comisión Europea y se configure el Parlamento que salga de las elecciones de junio sea uno de los asuntos de la agenda comunitaria para el próximo periodo. La Conferencia reúne a 150 regiones marítimas y costeras de 24 Estados de la UE.

Reto compartido

El presidente del Gobierno, Fernando Clavijo asegura que el desafío demográfico «es un asunto que trasciende más allá de las Islas, es un reto que compartimos en mayor medida con otras islas y zonas costeras europeas y que requiere de un debate también en el seno de la UE».

Esta iniciativa del Ejecutivo sorprende negativamente al sector inmobiliario y a la construcción. La presidenta de la patronal de los constructores de Las Palmas, Salud Gil, considera que el Gobierno «quiere matar moscas a cañonazos» porque «un Gobierno que ha tenido la valentía de declarar la emergencia habitacional y adoptar un mecanismo legal para facilitar la producción de viviendas no debe entretenerse en otras cosas, porque ni la vivienda vacacional ni la compra por extranjeros son los culpables del problema». Gil advierte que «hay dinero a espuertas y complicidad de ayuntamientos y cabildos, se trata de gestionar mejor porque ya se han dado los pasos».

La dirigente empresarial critica que los problemas de la vivienda en Canarias no se solucionan con «declaraciones vistosas y demagógicas» sino con medidas «valientes» como la emergencia habitacional, pero que deben ir acompañadas de la mejora de la gestión del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi): «De lo que tiene que preocuparse el Gobierno es de que el Icavi funcione, en este momento los planes de viviendas no se están ejecutando y no sabemos nada de los presupuestos de este año».

Gil duda que impedir a los extranjeros comprar casas en las Islas vaya a facilitar las 20.000 viviendas que hacen falta para solucionar la falta de pisos de protección oficial y de promoción pública. «Esto es matar moscas a cañonazos y contar céntimos, gestione bien y ponga en marcha cuanto antes la ley de medidas urgentes, eso es lo verdaderamente importante», cuestiona Gil, que también pone sobre la mesa los problemas que han creado las leyes estatales de Vivienda y de Arrendamientos Urbanos.

Inversión

Por su parte, el presidente de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (Acegi), Rafael Tarajano, cree «innecesario» restringir la compra de viviendas por no residentes porque se trata en su mayoría de peninsulares y ciudadanos de la UE, con lo que tienen los mismos derechos que los canarios a comprar un inmueble. Tarajano advierte que la inversión inmobiliaria de los no residentes en las Islas genera algo más de 1.500 millones de euros al año. En 2023 de las 27.000 viviendas que se vendieron en las Islas un 30% fueron por no residentes, lo que supone algo más de 8.000 inmuebles a una media de 200.000 euros de coste.

«Lo que tiene que preguntarse la Administración es si realmente quiere limitar esa entrada de capital y todos los beneficios que conlleva», añade el presidente de los gestores inmobiliarios. Tarajano incide en que la responsabilidad de la falta de vivienda o la subida de los alquileres no es de los no residentes sino de la «inacción» de la Administración, que desde 2007 no construye vivienda nueva en el Archipiélago.

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