El director del Puerto de Las Palmas declara este viernes por presunta prevaricación administrativa

El director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Francisco Trujillo, ha sido citado para declarar este viernes en el Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ante la ampliación de una querella que se sigue en su contra por dar un supuesto trato de favor a Boluda Corporación Marítima en la adjudicación de una terminal de contenedores en el Puerto de Arrecife. La Terminal Marítima de Arrecife lo acusa de un delito de prevaricación administrativa y sostiene que orquestó "un ardid malicioso" para acudir a un concurso público "con unos pliegos viciados e incorrectos" y con "falta de información de suma importancia". La denunciante cree que la mercantil que resultó adjudicataria en diciembre de 2021 manejaba unos datos que no estaban al alcance del resto de sus competidores. 

El espacio origen del conflicto es una parcela anexa al Muelle Oblicuo que venía siendo ocupada desde 2004 por la mercantil Paukner en régimen de autorización temporal de ocupación del dominio público portuario. Este tipo de concesión establece que el periodo máximo de explotación no puede superar los tres años y, después de ese plazo, se tiene que tramitar la solicitud de concesión administrativa si quiere continuar en el terreno. En caso de no hacerlo, la parcela debe volver al dominio público. 

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El director del Puerto solicitó a la mercantil que regulase su situación porque llevaba haciendo uso del espacio de manera interrumpida durante más de 15 años. Paukner inició los trámites, pero durante la fase de exposición pública Boluda y otras empresas presentaron sus proyectos para optar a la concesión. Al existir más de un licitador, la Autoridad Portuaria tuvo que sacarla a concurso público pese a las acciones legales emprendidas por la mercantil, que entendía que el periodo transcurrido en situación ilegal le daba derechos sobre la ocupación y tramitación a su nombre de la concesión. 

La denunciante cree que las bases del concurso dejaban fuera a cualquier competidora

El pliego con las bases del concurso incluía unos condicionantes que, a criterio de la empresa denunciante, dejaban fuera de entrada a cualquier competidora de Boluda. Entre esas obligaciones se encontraba la necesidad de contar con un volumen mínimo de movimiento que "en un puerto como el de Lanzarote solo es capaz de acreditar Boluda", según sostiene la querella; o de pertenecer a un grupo empresarial, condicionante que dejaba fuera de la ecuación a la anterior concesionaria. La única competidora que se presentó fue la empresa Terporlan, pero su proyecto fue descartado al no cumplir con el segundo condicionante. 

Sin embargo, la querellante sostiene que el proyecto presentado por Boluda tampoco reúne los requisitos necesarios porque la documentación aportada no justifica su solvencia económica y financiera (con fondos propios negativos y pérdidas), plantea el desarrollo de las operativas en otro muelle situado a casi un kilómetro de distancia y cuenta con informes negativos del departamento técnico de la Autoridad Portuaria y de la Capitanía Marítima. 

Limitaciones en el espacio

Además, las bases describían serias limitaciones de la parcela objeto de concurso, como que su ubicación y orientación hacen que sea un muelle "altamente expuesto a las inclemencias climatológicas", que en algunos puntos se estaban registrando sondas inferiores a seis metros o que no soporta buques de grandes dimensiones. "En unas condiciones como las descritas es técnica y económicamente inviable desarrollar una Terminal Portuaria de carga y descarga en cualquier Puerto", alega la denunciante. 

La Terminal Marítima de Arrecife sostiene que, "planteadas así las bases, cualquier otra empresa de contenedores que pudiera valorar la oportunidad de presentarse a la licitación inmediatamente lo descartaría, lo que asegura la falta de competencia en el procedimiento de cara a la adjudicación definitiva de Boluda". 

La Autoridad Portuaria inició obras para aumentar el calado con la parcela ya adjudicada

Una vez quedó adjudicada la parcela, se sacó a licitación una obra para dragar el Muelle Oblicuo y con ello incrementar su calado, lo que ponía fin a una de las principales limitaciones que presentaba el espacio portuario. De hecho, esas actuaciones eran una reclamación desde hace años de los operadores de los barcos que atracaban en el lugar, pero la respuesta que habían recibido hasta el momento era que "había otros muelles con el calado suficiente", que "no era una inversión necesaria" y "no se justificaba su elevado coste". 

El concurso iba dirigido a la explotación de una parcela de unos 5.000 metros cuadrados con las parcelas colindantes ocupadas, pero Boluda terminó por ocupar, según la querella, más de 10.000 metros cuadrados. La empresa que gestionaba una de las parcelas limítrofes renunció al espacio y Grúas y Transportes Los Mármoles solicitó de forma inmediata la ocupación. La respuesta que obtuvo por parte de la Autoridad Portuaria es que no era posible adjudicarsela porque "ya había sido solicitada previamente por otra empresa". 

Parcelas colindantes

El denunciante alega además que el director del Puerto comunicó a "todas y cada una" de las empresas de las parcelas colindantes que "debían desalojarlas y de modo alguno se les iba a renovar el vencimiento". Es en agosto de 2022 cuando "se solicita por parte de Boluda la modificación sustancial de su título concesional, obtenido en concurso público con unas características fijas e inalterables, con el objetivo de ampliar la superficie en más del doble de la otorgada", apunta la querella. 

La Terminal Marítima considera que "estos cambios sustanciales de circunstancias deberían haber devenido en la nulidad absoluta del concurso ofertado" y tasa en 11.983.022 euros los perjuicios económicos ocasionados a su empresa. 

La empresa perjudicada amplió la querella por posibles incumplimientos de la concesión

A finales del año pasado, la Terminal Marítima presentó una ampliación de la querella, que es el motivo por el que se vuelve a tomar declaración a Trujillo. En este documento defiende que Boluda ha incurrido en "posibles incumplimientos" de la concesión porque estaba descargando en la terminal contenedores pertenecientes a las navieras Maersk y Lys Line, que "no pertenecen en modo alguno al grupo de empresas relativo al concesionario". 

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La Autoridad Portuaria aprobó la autorización de una licencia de manipulación de mercancías a Boluda en el Puerto de Lanzarote abierta a uso general, a pesar de que según el denunciante debió concederse, por la normativa legal en vigor, una licencia de manipulación de mercancías de carácter privado vinculada a la terminal otorgada. La diferencia radica en que una licencia de manipulación privada no permitiría a Boluda cumplir con los tráficos aportados en la adjudicación porque el grupo empresarial al que pertenece no posee barcos propios ni manipula mercancía general y le obligaría a indemnizar a aquellas empresas previamente establecidas y sujetas a la condición de servicio público, que en este caso era la denunciante.

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