Lío en el Puerto de Las Palmas: al juzgado por cumplir una sentencia

Luis Ibarra, expresidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP), deberá aclarar en la vía penal por qué el puerto cambió de criterio e informó a favor de prorrogar una concesión a Terminales Canarios SL. La empresa solicitó en 2015 otros diez años para seguir con la explotación de sus tanques de combustible en La Luz, pero el director del ente público informó en contra y el Consejo de Administración rechazó la petición en 2017, con el argumento principal de que la inversión prevista no justificaba la ampliación del título concesional.

Y hasta ahí casi lo normal cuando el interés público choca con el privado y saltan las primeras chispas administrativas... Porque Terminales Canarios recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), ganó el pleito en 2021 y obligó a la Autoridad Portuaria a revisar el expediente, con la imposición de seguir las recomendaciones de Puertos del Estado, que era partidaria de seguir con las licencias dadas a este tipo de explotaciones. Y no solo en Canarias, con el Puerto de Santa Cruz de Tenerife en la misma situación, sino en el resto de provincias, todo en relación con una disposición transitoria avalada también por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC.

La ejecución de esa sentencia es el origen de la acusación presentada ahora por la antigua jefa de Dominio Público contra Luis Ibarra, el actual director de Puertos de Las Palmas, Francisco Trujillo, y la responsable de Recursos Humanos. La querellante, en apretada síntesis, asegura que recibió presiones para mediar ante la empresa encargada de realizar el nuevo informe de la concesión, con el argumento de que el dictamen debía de ser positivo y no negativo. 

Puertos del Estado

Ese cambio de criterio no es arbitrario, sino que surge a raíz de la postura de Puertos del Estado y, sobre todo, de la sentencia del TSJC. Es entonces, en mayo de 2022, cuando la Autoridad Portuaria encarga a la empresa Idom Consulting, Engineering, Architecture que realice la valoración de la propuesta efectuada por Terminales Canarios, cuyo montante total asciende a 3,9 millones de euros a cambio de continuar 10 años más con la actividad. 

La exresponsable de Dominio Público, sin embargo, sostiene que la compañía externa había emitido un primer borrador desfavorable, negándose luego a intervenir para cambiar el sentido del informe. Es más. Asegura que sufrió presiones para que dimitiera y, al no acceder a ninguna de las dos peticiones, fue «sancionada de manera encubierta». Ibarra, al final de su mandato, la cambió de departamento y, según su versión, promovió un cambio de organigrama ilegal, ocultando al Consejo de Administración las verdaderas razones de esas decisiones, y dando luego unas explicaciones públicas que dañan tanto su prestigio profesional como su integridad moral. La querella ha sido admitida a trámite, con posibles delitos como prevaricación, acoso y coacciones, entre otros. 

El expresidente, según el acta de la sesión del consejo, decidió trasladar a la funcionaria a la Secretaría Jurídica porque entendía que su continuidad en Dominio Público comprometía la imparcialidad y la objetividad del departamento. La empleada, en la etapa anterior a Ibarra, había sido investigada por supuesto trato de favor a las empresas para las que trabajaba su marido como ingeniero. Esas diligencias penales se archivaron, sin expedientes ni sanciones disciplinarias de por medio, pero el entonces presidente del Puerto, a través de su director, Francisco Trujillo, constató que la empleada se abstenía de los procedimientos para evitar el conflicto de intereses, pero después, en la práctica, consultaba los expedientes y trataba de influir en los mismos a través de Trujillo, que informó a Ibarra de lo que presuntamente estaba ocurriendo en el departamento. 

Consulta a Recuros Humanos

Tanto el expresidente como el actual director rechazan que cambiasen de sitio a la afectada por el informe de Terminales Canarios, sino por su gestión en Dominio Público ante la sospecha de un conflicto de intereses que pudiera afectar a las resoluciones de Puertos de Las Palmas, todo tras evacuar una consulta al departamento de Recursos Humanos de Puertos del Estado para saber cómo proceder.

La decisión del cambio de departamento se demoró más de un año porque la funcionaria estuvo de baja tras el incidente de Terminales Canarios, un expediente en el que finalmente tuvo que intervenir el propio Trujillo para acatar la sentencia del TSJC.