El Puerto de Las Palmas cambió a la jefa de Dominio Público por la sospecha de que beneficiaba a su marido

Luis Ibarra, expresidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, y Francisco Trujillo, actual director de Puertos de Las Palmas, comparecieron ayer ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria en calidad de querellados junto a la jefa de Recursos Humanos, Carmen Gloria Rodríguez. 

La exresponsable Dominio Público Elena Marín les acusa de cambiarla de puesto como represalia por negarse a modificar el sentido de un informe en beneficio de la empresa Terminales Canarios (Repsol y BP), según la querella admitida a trámite, que les atribuye posibles delitos de prevaricación, acoso y coacciones, entre otros.

Los tres investigados, por decisión de Puertos del Estado, se presentaron al interrogatorio judicial defendidos por Oliva-Ayala Abogados, un despacho con sede en Madrid especializado en Derecho Penal. Los querellados siguieron una estrategia común, que básicamente consistió en responder solamente a las preguntas de la defensa y del magistrado instructor, Luis Galván. 

Conflicto de intereses

En líneas generales, los tres negaron que forzaran la salida de Marín por motivos espurios o basados en intereses personales, sino para «preservar» la institución debido a un «conflicto de intereses» o una «incompatibilidad» que comprometía la imparcialidad del Puerto. 

Eso, unido al «absentismo» de la empleada pública, que estuvo de baja, motivó el cambio de sus funciones, y no como castigo tras negarse a informar a favor de conceder a Terminales Canarios una prórroga para seguir con sus depósitos de combustible.

En mayo de 2022, Marín fue trasladada de Dominio Público a la Secretaría General, una decisión consensuada con Puertos del Estado que posteriormente fue ratificada por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, según el acta de la junta celebrada en junio de 2023, donde también se aprobó el nuevo organigrama institucional. 

Un asunto del 2019 que vuelve a la actualidad

La empleada, durante la etapa anterior a Ibarra, fue investigada por supuesto trato de favor a las empresas para las que trabajaba como ingeniero su marido, todo ello tras una querella presentada por el ex socio de este en 2019. Esas diligencias se archivaron en 2021, confirmando la Audiencia de Las Palmas su sobreseimiento en mayo de 2023, sin expedientes ni sanciones disciplinarias al efecto. Ibarra, a través de su director, Francisco Trujillo, constató que Marín se abstenía de los procedimientos para evitar el conflicto de intereses, pero después, en la práctica, consultaba los expedientes y trataba de influir en los mismos a través de Trujillo, que informó a su superior, según sostienen ambos sobre lo ocurrido.

Ese es el argumento general que los investigados esgrimen ante el juez instructor para defender su inocencia, desvinculando el conflicto con Terminales Canarios de la decisión final del traslado. Ese conflicto se produjo en mayo de 2022, tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que dio la razón a la empresa y obligó a revisar el procedimiento administrativo. 

Hasta ese fallo judicial, el Puerto de Las Palmas estaba en contra de prorrogar la licencia. El cambio de criterio, por tanto, no obedece a motivos arbitrarios, sino a la sentencia y la postura de Puertos del Estado, que es partidario de prorrogar la actividad de ese tipo de instalaciones, y no solo en Canarias, con Santa Cruz de Tenerife en una situación similar, sino en el resto de provincias con puertos de interés estatal.

Empresa externa para valorar la oferta

Por eso, en mayo de 2022, la Autoridad Portuaria encarga a Idom Consulting que realice la valoración de la propuesta efectuada por Terminales Canarios, cuyo inversión es de 3,9 millones a cambio de continuar 10 años más con los tanques de combustible. 

La compañía emite un primer borrador contrario a la prórroga, pero el Puerto no está conforme y le pide a Marín que contacte con la asesoría externa, con la finalidad de revisar la propuesta conforme a los criterios de Puertos del Estado, pues el asunto debe ir al Consejo de Administración y hay informes a favor con inversiones similares. Por eso, ante la negativa de Marín, interviene Trujillo en el expediente administrativo. 

La querellante, sin embargo, sostiene que sufrió presiones para cambiar el informe, sancionándola de manera encubierta por negarse a hacerlo, además de degradarla y de quitarle complementos salariales, sin informes, expedientes o trámites de audiencia. 

Marín, además, siente menoscabado su prestigio profesional y su integridad moral por las explicaciones públicas dadas por Ibarra sobre su traslado.

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