La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha solicitado a la Sala de lo Penal que abra juicio oral contra Águeda Montelongo por el caso Patronato. El fiscal Luis del Río acusa a la diputada regional y presidenta del PP en Fuerteventura de tres delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad en documento público por pagarle la estancia en hoteles de la Isla a varios dirigentes nacionales de su partido, entre ellos el senador por Toledo Tomás Burgos Beteta, que pasó la Semana Santa de 2010 en Jandía con su esposa, según recoge el escrito de conclusiones provisionales difundido ayer por la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias.
La exvicepresidenta del Patronato de Turismo y exconsejera del Cabildo de Fuerteventura se enfrenta a una pena de cinco años y ocho meses de prisión, así como a una multa de 59.400 euros (22 meses a razón de una cuota diaria de 90 euros) e inhabilitación durante seis años para todo empleo o cargo público en la administración autonómica, local o estatal.
El fiscal también reclama que la diputada pague las costas del procedimiento si finalmente es condenada. Se trata de una petición solidaria, es decir, que afecta a los otros dos acusados: José Luis Cabrera Bonny, gerente del Patronato en 2010, y Santiago Santana Herrera, hombre de confianza de Montelongo en dicho organismo. El primero afronta las mismas penas que su jefa en la institución, aunque la multa solicitada para él es algo inferior (33.000 euros). Lo mismo le ocurre a Santana, también con una petición de sanción económica más baja (13.200 euros) y cuatro meses de prisión menos que el resto de imputados.
Según el fiscal, ambos eran "personas de confianza" de Montelongo, pues fueron nombrados en sus cargos a propuesta de la acusada, quien, en 2010, como vicepresidenta del Patronato, "acordó" el abono de diversas facturas con cargo a fondos públicos de ese organismo "para fines distintos de los establecidos legalmente".
Camuflaje de facturas
Montelongo disponía de una partida de 257.306 euros concedida por la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias para promocionar Fuerteventura. Esos fondos, entre otros usos, debían ser destinado a pagar las estancias de periodistas especializados en viajes, con la finalidad de que conocieran la Isla, hicieran publicidad y la promocionaran para atraer al mayor número de turistas posible. Pero la parlamentaria, "en colaboración" con los otros dos imputados, explica del Río, "autorizó la utilización de esta partida presupuestaria para pagar estancias en hoteles y alquiler de vehículos a cargos políticos del PP", una formación de la que era y es presidenta insular, todo ello "dando apariencia" de que ese dinero se "destinaba al pago de estancias de personas vinculadas a medios de comunicación extranjeros para promocionar la Isla", sostiene el fiscal.
La primera de las facturas es de 560 euros y se hizo a nombre de un grupo de periodistas del turoperador Sunway que venían a visitar Fuerteventura del 30 de marzo al 2 de abril de 2010, pero quien disfrutó del Hotel Faro de Jandía fue el senador Tomás Burgos Beteta y su esposa. El gasto fue abonado por el Patronato, aunque el senador lo devolvió un año después, cuando los medios de comunicación comenzaron a publicar los supuestos amaños de las facturas.
El segundo recibo se hizo a nombre de un periodista especializado en golf que iba a estar de visita del 24 al 27 de enero de 2010, pero fue el diputado regional Manuel Fernández quien disfrutó del turismo de Cicar SL. La factura abonada por el Patronato fue de 92,82 euros.
Los protagonistas de la tercera factura eran dos periodistas alemanes que luego resultaron ser Ramón Moreno Bustos y Tomás Burgos Gallego. Los diputados del PP se alojaron en el Sheraton entre el 9 y el 12 de abril de 2010. El alojamiento costó 693 euros.
Tras la acusación del fiscal, la instructora, Carla Bellini, emplazará a las defensas para que emitan sus conclusiones. También falta por resolver un recurso contra el auto que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado y que ha dado pie a la acusación.
