El próximo gobierno del Ayuntamiento de La Oliva que saldrá de las urnas el próximo 24-M, tendrá algún miembro imputado por la Justicia, salvo que la aritmética electoral diga lo contrario, algo improbable, y deberá sentarse en el banquillo de los acusados. Cinco de los ocho candidatos a la Alcaldía del Consistorio majorero se encuentran imputados por los Tribunales acusados de delitos de prevaricación administrativa, urbanística, malversación de caudales públicos y de maquinación para alterar el precio en subasta pública. A lo largo de la próxima Legislatura se procederá a la apertura de juicio oral contra los mismos.
Hasta el momento se han confirmado la participación de ocho formaciones políticas que concurrirán a la próxima cita electoral al Ayuntamiento de La Oliva, así como los cabezas de listas de los mismos. El veterano Domingo González Arroyo encabezará la candidatura de su partido, Partido Progresista Majorero (PPM), Claudina Morales, actual alcaldesa, (CC), Rosa Fernández (PSOE), Marcelino Umpiérrez (Nueva Canarias), Cristóbal Calero (Asambleas Municipales de Fuerteventura), Claudio Gutiérrez (PP), Macarena González (Nueva Fuerteventura) y Alvaro de Astica (Votemos). No se descarta que otras formaciones irrumpan en el panorama político municipal.
De estos aspirantes a la Alcaldía, cinco de ellos tienen cuentan pendientes con la Justicia y curiosamente tres han disfrutado del bastón de mando del Consistorio: González Arroyo, Claudina Morales y Rosa Fernández, mientras que los dos restantes son actualmente concejales del Grupo de Gobierno: Marcelino Umpiérrez, primer teniente de alcalde y concejal de Turismo, y Cristóbal Calero, concejal de Servicios Sociales.
Hasta casi una veintena de concejales, algunos ya retirados de la vida política, y varios técnicos municipales han sido imputados por los llamados casos Baku , denunciado ante la Justicia por Alternativa Democrática por Fuerteventura (ADF) y Las Clavellinas, que fue puesto en conocimiento de la Justicia por la Asociación de Vecinos 'Las Clavellinas' de Corralejo.
El primero se remonta a finales de 2002 y está relacionado con la aprobación del proyecto y el pliego de condiciones para la adjudicación de las obras y la concesión del terreno para la construcción de un parque de ocio, así como la aprobación definitiva del proyecto de ejecución y la autorización de la licencia de obras. Se da la circunstancia que el juez imputó a toda la Corporación de la Legislatura 1999-2003 por este asunto.
El segundo caso data de 1981 cuando el ciudadano Guy Van Daele donó al Ayuntamiento de La Oliva 27.000 metros cuadrados destinados a cubrir las necesidades de solares para los vecinos de Corralejo. Sin embargo, el Consistorio no solo vendió 125.000 metros cuadrados de esa donación a una entidad bancaria a un precio inferior al que inicialmente había decidido el Ayuntamiento, sino que no cumplió las condiciones estipuladas en la escritura pública del donante.
Claudina Morales también se encuentra imputada por el 'caso Manguera' respecto a los exámenes de bomberos que se realizaron en septiembre de 2007 donde la Justicia detectó una filtración a los aprobados.
Comarca Sur
La Justicia también investiga a dos alcaldes de la Comarca Sur, en concreto al nacionalista Salvador Delgado (Tuineje ) y al socialista Rafael Perdomo (Pájara). Ambos también se encuentran imputados.
Delgado ya ha declarado por una denuncia del Diputado del Común por obstruccionismo a raíz de una denuncia de un vecino por unas obras ilegales. El caso de Rafael Perdomo es por no cumplir una sentencia para anular las licencias urbanísticas en Guerime.
