El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha admitido a trámite una causa por prevaricación y malversación contra todo el gobierno municipal de La Oliva entre 1999 y 2003 en la que también está imputada Claudina Morales, actual alcaldesa y candidata de Coalición Canaria (CC) a revalidar ese cargo en las elecciones de mayo.
Morales es diputada regional de CC desde 2011. Por eso el Juzgado de Instrucción número 3 de Puerto del Rosario remitió el procedimiento al TSJC, cuya Sala de lo Penal se ha declarado competente para tomar declaración a la parlamentaria por su condición de aforada, según han confirmado fuentes judiciales. La tramitación de las diligencias previas cuenta con informe favorable del fiscal Demetrio Pintado.
La causa entró en 2012 por primera vez en el TSJC, pero la Sala la devolvió al juzgado al ver errores en la investigación, entre ellos que no se le tomase declaración a varios concejales imputados. También se solicitaron informes complementarios para motivar la citación de Morales. Esos trámites se realizaron y, en 2014, el juez volvió a remitir el procedimiento al TSJC, que finalmente lo ha aceptado.
Las fuentes consultas explican que la instrucción está casi concluida, pues sólo falta tomarle declaración a Morales. La alcaldesa, sin embargo, no se presentará a las elecciones como diputada, por lo que perderá la condición de aforada al término de esta legislatura y la causa podría volver al juzgado de instrucción.
El Ministerio Público ve indicios de delito para interrogar a Morales por la aprobación definitiva del parque de ocio acuático Baku, en la urbanización Corralejo Playas. La alcaldesa y el resto de la mesa de contratación tomó esa decisión en noviembre 2011. Antes, en 2008, el fiscal denunció a todos los ediles que aprobaron las cláusulas para la adjudicación del proyecto, con Domingo González al frente (mandato 1999-2003). La fiscalía sostiene que el parque, con minigolf y múltiples servicios complementarios, excede los usos permitidos. También acusa a los concejales de permitir una exención ilegal de las tasas, sin informes jurídicos ni del Cabildo de Fuerteventura.
