La presencia del veterano político majorero Domingo González Arroyo en las instituciones públicas continúa generando debate. Tras su obligada salida del Ayuntamiento de La Oliva por una condena de inhabilitación, su presencia como consejero del Cabildo de Fuerteventura sigue manteniendo dudas sobre si la sentencia también contempla una incompatibilidad absoluta electoral. Ante las numerosas interpretaciones a la decisión judicial, la Junta Electoral tiene la última palabra.
El Partido Popular (PP) ha pedido al Cabildo de Fuerteventura que la Junta Electoral Central se pronuncie sobre si la sentencia que condena a Arroyo por un delito continuado de prevaricación a nueve años de inhabilitación para al cargo de alcalde o cualquier otro de naturaleza electiva y ámbito local le afecta a su acta en la Corporación insular.
Los populares presentaron ayer una moción en la institución insular con el objetivo que se debata en el próximo pleno de la Corporación. Los conservadores pretende que el pleno tome conocimiento de la sentencia que condena a González Arroyo al considerar que la condena conlleva la causa de incompatibilidad. "La Ley Orgánica establece como una causa de inelegibilidad y por ello de incompatibilidad sobrevenida, la condena por sentencia penal no firme por delitos contra la Administración Pública, y conlleven la inhabilitación del sufragio o de empleo o cargo público", se recoge en el texto de la iniciativa política.
En opinión de Montelongo, portavoz del grupo popular en el Cabildo de Fuerteventura, "ante el espectáculo nada deseable vivido en el Ayuntamiento de La Oliva y para evitar que se reproduzcan situaciones de inseguridad jurídica es por lo que solicitamos que el pleno del Cabildo tome conocimiento de la sentencia de inhabilitación de González Arroyo y se de traslado a la Junta Electoral Central para que determine el procedimiento a seguir y las oportunas aclaraciones jurídicas con el ánimo de dar garantías a todos los representantes públicos que tomamos decisiones en el Cabildo y por ende a todos los majoreros que son a los que representamos y cuyos interés defendemos".
El pasado 11 de enero, el grupo Podemos presentó una iniciativa en la Corporación insular para que González Arroyo fuera expulsado de los órganos colegiados donde se encuentra presente, entre ellos en el Parque tecnológico de Fuerteventura donde ocupa la vicepresidencia segunda, cargo de libre designación primero por Mario Cabrera y después de la condena por Marcial Morales.
En la misma sesión se explicó que la condena de Arroyo tiene distinto ámbito jurídico entre el Ayuntamiento de La Oliva y el Cabildo de Fuerteventura.
Tras la condena de inhabilitación, Arroyo se atrincheró en la Alcaldía de La Oliva y tuvo que ser desalojado por agentes de la Policía Local tras la aclaración de la Delegación del Gobierno de que había perdido su condición de alcalde del municipio.
