El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de ocho años de inhabilitación impuesta a un policía local de Puerto del Rosario, con expulsión del cuerpo incluida, por haberse inventado cargos de amenazas para detener a un abogado tras enterarse de que este iba presentar una queja contra él, según informa la Agencia Efe.
La sentencia de la Audiencia de Las Palmas que ahora se declara firme consideró probado que el policía local de Puerto del Rosario Juan Francisco B.H. tuvo un incidente el 24 de mayo de 2013 con el abogado Luis José O.G., después de que este le recriminara que había hecho una maniobra ilegal en la calle con su moto oficial. El letrado le hizo un gesto con el dedo para hacerle ver que "eso no se puede hacer", a lo que el agente respondió con un "¡imbécil!", un insulto que escuchó otro viandante, que se ofreció al letrado a dar testimonio de lo ocurrido si lo necesitaba.
En esas circunstancias, Luis José O.G. se dirigió a la comisaría de la Policía Local a presentar una queja contra Juan Francisco B.H. por el insulto y porque consideraba que tenía algún tipo de "persecución contra él", porque ya le había denunciado varias veces en fechas anteriores por infracciones de tráfico.
Sin embargo, mientras esperaba a que se recogiera su denuncia, el agente Juan Francisco B.H. lo abordó por la espalda, le levantó las manos, le puso la rodilla en el costado y le comunicó que estaba detenido. En ese momento intercedió otro agente, que separó a su compañero del letrado, pero el procesado hizo un gesto de dar un puñetazo y exclamó "¡déjamelo a mí".
Como resultado de todo esto, el letrado fue conducido por los guardias municipales a la Comisaría de la Policía Nacional, donde formularon contra él la acusación de amenazas graves y falta de respeto a la autoridad.
El abogado fue juzgado y absuelto por falta de pruebas en su contra, pero, en vista de los hechos que se pusieron de manifiesto en el juicio, el Fiscal decidió denunciar al agente por detención ilegal, denuncia falsa y falta de lesiones.
La Audiencia de Las Palmas condenó después a este agente a pagar una multa de 8.550 euros y le impuso ocho años de inhabilitación, con "la pérdida definitiva de la condición de funcionario de la Policía Local, así como la imposibilidad de obtener el mismo empleo durante el plazo de ocho años en cualquier otro cuerpo de seguridad, sea local, autonómico o nacional.
El Supremo avala esta sentencia de la Audiencia Provincial y concluye que el agente arrestó al letrado "como represalia".
