La Asociación de Vecinos Las Clavellinas solicitará al Consejo General del Poder Judicial la recusación del magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Carlos Vielba, como ponente del llamado caso Las Clavellinas al considerar que existen vínculos con uno de los procesados, el exalcalde de La oliva, Domingo González Arroyo, que será juzgado junto a cinco de sus concejales. Este juicio, que debía celebrarse para el próximo 13 y 14 de junio, sufre un nuevo retraso para finales del citado mes. Ya son tres veces las que esta vista oral se ve afectada por un nuevo aplazamiento.
El exalcalde de La Oliva, González Arroyo, inhabilitado para el desempeño de cargos públicos, y cinco de los concejales que formaron parte de su equipo de gobierno en 1999, deberán sentarse en el banquillo de los acusados para responder por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.
La representación procesal de la AV Las Clavellinas también elevará al Consejo General del Poder Judicial una queja formal por el enorme retraso de esta causa, que lleva 15 años deambulando por los Juzgados de Primera Instancia, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y en la Audiencia Provincial. "Nos tememos que por años transcurridos se aplique la atenuante de las dilaciones indebidas", señala la representación procesal del colectivo de vecinos.
El ponente inicial del juicio de este caso era el presidente de la Sala Sexta de la Audiencia Provincial, Emilio Moya, y debía celebrarse el pasado 30 y 31 de enero. Posteriormente, se aplazó para las jornadas del 13 y 14 de junio, y, ahora "vuelven a aplazar la vista para el 22 y 23 de junio y encima cambian al ponente alegando una reestructuración. No lo entendemos", apuntan desde el colectivo vecinal.
Los motivos para avalar la recusación del magistrado Vielba se argumenta en que "siendo juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción numero 1 de Puerto del Rosario archivó la querella alegando que no tenía medios para investigar. También, su mujer estuvo trabajando en la Urbanización Corralejo Playa, siendo presidente de la entidad Domingo González Arroyo, entonces alcalde de La Oliva", señalan fuentes de la AAVV Las Clavellinas.
El citado caso tiene su origen cuando el ciudadano belga Guy Van Daele donó al Ayuntamiento de La Oliva en 1981 un total de 270 metros cuadrados destinados a los vecinos de Corralejo para que se construyeran sus casas. Sin embargo, el Consistorio, decide segregar y enajenar 125.000 metros cuadrados del suelo donado que fueron adquiridos por La Caixa por 1.502.530,26 euros.
Junto a Arroyo están imputados los ediles Cristóbal Calero, Alejandro Hernández, Andrés Pérez, José Juan Aguiar y Marcelino Umpiérrez. Mientras los primeros se encuentran alejados de la vida política, Umpiérrez milita actualmente en Nueva Canarias (NC) y es concejal del Consistorio de La Oliva.
La Fiscalía solicita una pena de seis años de inhabilitación, mientras que la acusación particular, eleva la pena a 15 años de inhabilitación y seis de prisión.
