Medio centenar de propietarios europeos denunciaron ayer ante la comisión de Peticiones del Parlamento europeo la aplicación de la Ley de Costas española de 1988, por la que muchos han perdido los derechos sobre sus casas, además de locales en el centro comercial Anexo II, en Playa del Inglés, San Bartolomé de Tirajana.

Tras un tenso debate entre peticionarios y eurodiputados de varias formaciones políticas, la Comisión de Peticiones ha decidido mantener abierto el caso para estudiar mejor las quejas y leer la información de todos los propietarios que por falta de tiempo no han pedido intervenir, informa Efe.

La mayor parte de peticionarios que se han dirigido a la Eurocámara para pedir amparo procedían de Canarias.

"Queda claro que se han quebrantado derechos y que existe mucha indignación pero no podemos intervenir por las autoridades españolas, sino estudiar mejor el caso antes de dar una recomendación", ha señalado la presidenta de la comisión parlamentaria, Erminia Mazzoni, del grupo popular europeo.

La circunstancia de que la Ley de Costas se aprobase en 1988, bajo un gobierno socialista, pero que la mayoría de expropiaciones se realizasen bajo los ocho años de Ejecutivo popular, sumada a la presencia de eurodiputados en la sala, ha provocado que algunos peticionarios cargasen en sus intervenciones contra PP y PSOE.

Aplicación caprichosa

"Tienen todo el derecho a usar su turno de palabra para convertir esta sesión en un debate político, pero creo que es un error", les replicó el eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer.

Meyer señaló que su grupo está a favor de la ley de Costas porque "el litoral español estaba siendo hormigonado", si bien añadió: "Todos estamos de acuerdo en que su aplicación ha sido caprichosa y no ha seguido un criterio claro". Por el contrario, María Múñiz de Urquiza (PSOE) quiso destacar que "solo existen problemas en el 5 % de los casos", destacando el éxito de la ley.

La aplicación de la ley de costas y sus afectaciones para los propietarios ha sido objeto de gran número de debates en la Eurocámara, hasta el punto de que el propio jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dado explicaciones al presidente del PE, Jerzy Buzek, para explicar la filosofía de la ley.