El primer teniente de alcalde y concejal de Ciuca en Telde, Guillermo Reyes, situó ayer en 265 millones de euros (casi 50.000 millones de las antiguas pesetas) la deuda que la corporación arrastra hoy con bancos, particulares expropiados y proveedores tras el último paso de Francisco Santiago (NC) por el sillón de mando. El líder de la plataforma federalista -que compareció junto a la alcaldesa María del Carmen Castellano (PP) y Pablo Rodríguez (CC) para presentar el balance de su primer año de gobierno conjunto- no se anduvo por las ramas y centró su intervención en repasar la grave situación que atraviesan las arcas del consistorio.

"La deuda nos podía estrangular y no se conocía cuál era la que teníamos. Ahora, por primera vez en trece años, sabemos con exactitud a cuánto asciende", espetó tras recordar que "yo siempre había dicho que estaba por encima de los 300 millones". El munícipe federalista también aprovechó para cargar contra sus antecesores en el cargo al subrayar que "la Justicia ha anulado los presupuestos de varios años porque se falsificaban para impedir que el Ayuntamiento fuese intervenido". También lamentó que "nadie" hiciese caso "del informe elaborado hace años por Faustino García Márquez en el que se advertía de que, si se aprobaba el Plan General de 2002, Telde podría acabar en la ruina. Nosotros ahora hemos hecho un esfuerzo y nuestra responsabilidad es sacar esto adelante", concluyó con un mensaje final de optimismo similar al manifestado por la regidora popular. Castellano calificó de "complicado" el año transcurrido, pero manifestó su confianza en que "en los próximos tres años veamos el fruto de lo que ya hemos puesto en marcha. No estamos en pie, pero nos estamos levantando".

Plan de ajuste

Así, destacó la aprobación del plan de ajuste y al desarrollo de los distritos y de nuevas ordenanzas para redirigir el rumbo de un ayuntamiento "en el que casi todas las cosas se hacían a golpe de teléfono y en el que ni estamos haciendo grandes obras ni las vamos a hacer porque las prioridades de este gobierno son claramente otras". A preguntas de los medios, descartó que esté barajando la inclusión de otros ediles en el pacto pese a la baja médica de la concejala María Calderín e insistió en la idea de intentar vender suelo público como fórmula para captar nuevos ingresos.

Por su parte, Pablo Rodríguez (CC) reseñó que los primeros meses los emplearon en "desatascar cosas" y confesó que la situación económica se había convertido en un "claro condicionante" para el desarrollo de políticas que en sus áreas se han traducido, con todo, "en el arranque de proyectos".