El barrio de Ojos de Garza recrudecerá en las próximas semanas sus protestas ante el Gobierno central si Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) no accede a firmar en breve el convenio por el que se procederá al realojo de las más de mil familias afectadas por el proyecto de construcción de la nueva pista del Aeropuerto de Gran Canaria.
La portavoz del colectivo que defiende los intereses de los vecinos, Margarita Alonso, manifestó ayer a los medios de comunicación su firme propósito de volver a encerrarse, tal como hizo en octubre de 2011, en el coro de la iglesia de Santa Rita y dejar de ingerir alimentos de manera indefinida si el ente adscrito al Ministerio de Fomento "se mantiene en sus trece" y no se aviene a firmar por escrito un acuerdo que garantizaría la construcción del nuevo barrio, todo ello independientemente de que al final se habilite o no el nuevo campo de vuelos en Gando.
Encuentro
Alonso volvió a verse las caras este martes con los representantes de las distintas instituciones canarias implicadas en el proceso de reubicación del barrio. En la comisión multilateral constituida al efecto, la dirigente vecinal escuchó de boca de la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento; y la alcaldesa de Telde, María del Carmen Castellano, las explicaciones dadas el pasado jueves por la ministra de Fomento, Ana Pastor, para justificar la nueva postura que esgrime AENA ante este conflicto: El Gobierno reconoce que con los datos actuales -con un volumen de tráfico de pasajeros y aeronaves inferior al que se vaticinó en 2001, cuando se redactó el Plan Director- se hace innecesaria la edificación de una nueva pista.
Este hecho no tranquiliza para nada a los vecinos, que ven cómo Fomento no ha descartado de manera taxativa la creación de esta infraestructura, sino que la ha aplazado hasta 2025 (antes iba a estar operativa en 2018) e incluso ha advertido de que modificaría cualquier previsión si la demanda del Aeropuerto así lo requiere.
Pastor dijo que buscaría una "solución jurídica" para evitar que los vecinos sigan viviendo en la incertidumbre y por eso mismo fue la propia Bento la que ayer rogó a Alonso que se le dé un plazo a la ministra antes de retornar a las movilizaciones. En principio, la plataforma de afectados ha accedido.
La portavoz, eso sí, dejó claro que tanto ella como el resto de vecinos no cejarán en su lucha. "Van a firmar el convenio sí o sí porque no nos merecemos seguir sufriendo", vino a declarar tras la reunión mantenida en la sede de Gesplan y a la que también acudieron el vicepresidente segundo del Cabildo, Carlos Sánchez, y el consejero de Política Territorial, Domingo Berriel. Este último, muy beligerante con Pastor hace ahora dos semanas, abogó ayer tarde por darle "un margen" a la ministra tras conocer que esta realizará un consulta a la Abogacía General del Estado para buscar una fórmula que satisfaga a los vecinos amenazados por una expropiación que no termina de ejecutarse. "Entramos ahora en un compás de espera y quizás haya que adoptar algún tipo de flexibilidad con los plazos", abundó.
El convenio que se pasó para la firma fijaba un periodo de cinco años para realojar a los residentes y una inversión de 209 millones.
