El Cabildo de Gran Canaria suspendió ayer el concurso público para la conservación de la red insular de carreteras y, por tanto, las adjudicaciones aprobadas hace un mes a las empresas Satocan, Pérez Moreno, API-Hermanos Tito y Aceinsa Movilidad, por un valor total de 53 millones de euros. El consejo de gobierno que preside José Miguel Bravo de Laguna tomó esa decisión a raíz de una carta anónima que denuncia presuntas irregularidades por parte del Servicio Insular de Obras Públicas e Infraestructuras, lo que obliga a repetir todo el proceso de licitación.
Las empresas afectadas estudian recurrir la anulación del concurso y critican que el Cabildo haya dado curso oficial y credibilidad a un escrito anónimo. La carta de autor desconocido denuncia la existencia "desde hace varios años" de una trama corrupta entre los técnicos del departamento de carreteras y pide que se actúe contra ella.
Carlos Sánchez, vicepresidente y consejero insular de Obras Públicas, explicó que el grupo de gobierno suspendió ayer la tramitación del concurso hasta que se terminen los informes que están elaborando los departamentos de Intervención y de Obras Públicas, "para proceder con posterioridad a la suspensión definitiva o desestimación del procedimiento".
A la espera de esos dos informes, el área de Contratación ya ha anunciado al gobierno insular que es necesario reiniciar todo el procedimiento. Los nuevos pliegos de condiciones se publicarán antes de que acabe el mes de mayo, según informó Sánchez, quien confió en realizar todos los trámites en una plazo de "cinco o seis meses". Con esas previsiones, los nuevos contratos podrían entrar en vigor en el mes de octubre.
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