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El Cabildo prohíbe los herbicidas en la limpieza de las carreteras

Un informe de Medio Ambiente recomienda volver a los métodos tradicionales

Operarios de carreteras del Cabildo eliminan restos vegetales en una carretera del sur de Gran Canaria. la provincia / dlp

El Cabildo de Gran Canaria prohibirá la utilización de herbicidas en los bordes de las carreteras ante los estudios médicos que advierten de su peligrosidad en personas y animales. Tras varios años de denuncias de vecinos, ganaderos y grupos ecologistas, el gobierno insular excluirá el uso de glifosfato en los nuevos contratos para el tratamiento de los márgenes de la red viaria, según adelantó ayer el consejero de Obras Públicas, Carlos Sánchez, quien declaró que la medida se basa en un informe realizado por la Consejería de Medio Ambiente que aconseja volver a los métodos tradicionales.

El informe, firmado por el coordinador forestal del Cabildo, Carlos Velázquez, señala que "por el principio de precaución y por el firme rechazo que experimenta el uso de herbicidas en el medio rural y natural, se recomienda la renuncia al uso a borde de carreteras y su sustitución por métodos motomanuales (motodesbrozadoras) o mecánicos (cabezales desbrozadores adaptables a vehículos), incluso asumiendo el incremento de los costos del deshierbe".

"Se contribuye asimismo desde esta corporación insular a promover un uso responsable de los productos fitosanitarios, toda vez que Canarias es uno de los territorios donde con más asiduidad se emplean", recalca el informe, encargado por el Cabildo tras una reunión con la Asociación para la Defensa del Árbol y el Paisaje de Gran Canaria (Adapa).

El uso de glifosfato en el medio natural, sostiene el informe de Carlos Velázquez, "está siendo cuestionado seriamente, no solo por sectores ambientalistas, sino cada vez más por la población rural". En concreto, resalta que los tratamientos con herbicidas en fondos de barrancos para el control de cañas y zarzas, acometidos por el Servicio de Medio Ambiente tras el gran incendio forestal del año 2007, "fueron muy contestados, máxime por la sensación de peligro que se transmitía al tener por ley que balizar la zona de tratamiento, colocando carteles de peligro".

Cancerígeno

La utilización de herbicidas organofosfatados, como el glifosfato, "ha sufrido una permanente limitación y se presentan nuevos estudios que certifican su peligrosidad", revela el informe. Entre ellos, la Agencia para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud, ha incorporado recientemente el glifosfato a la lista de sustancias probablemente carcinógenas para humanos.

Carlos Sánchez apuntó que los nuevos contratos para el deshierbe de las orillas de las carreteras ya incluirán la cláusula que prohibe el uso de este producto. También se pedirá a los actuales concesionarios de ese servicio que dejen voluntariamente de utilizarlos.

Rafael Molina Petit, presidente de Adapa, recordó que el glifosfato está bajo sospecha y prohibido en varios países europeos, aunque es España es legal. "Nuestra asociación también ha pedido que el desbroce se haga con más sentido, pues ahora mismo se están eliminado las flores de primavera; no hay conciencia de que vivimos del turismo y de que el paisaje es un elemento fundamental", opinó.

Molina Petit recordó que antes existía la figura del peón caminero e incluso se daban premios a los que dejaba las orillas de las carreteras en mejores condiciones, pero "eso se ha sustituido por el glifosfato y la sierra eléctrica, que se lo lleva todo por delante".

Eugenio Reyes, portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción, señaló que las quejas de los ganaderos "han sido constantes desde hace una década porque han visto cómo algunos de sus animales mueren entre retorcijones tras comer hierba a la orilla una carretera". Reyes abogó por establecer un sistema que permita que sean los propios vecinos y ganaderos los que se encarguen de eliminar las hierbas, porque eso sí es sostenible y genera beneficios. Por tanto, aplaudió que el Cabildo dé marcha atrás en una decisión "arbitraria y perjudicial para el interés común".

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