El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, aseguró ayer que el desarrollo residencial de los complejos turísticos vulnera la legislación sobre estándares de calidad para la ordenación del territorio en las Islas, que obliga a reservar equipamientos básicos en función de la población prevista, para que no falten parques, centros educativos y otras dotaciones básicas. Clavijo negó que sea un conflicto específico del turismo, si bien la legislación en este campo impide que en un mismo complejo vacacional puedan vivir personas durante largas temporadas.
Fernando Clavijo asume las responsabilidades institucionales del Ejecutivo regional en el conflicto generado en la tramitación del nuevo Plan General de San Bartolomé de Tirajana. "Ahora mismo la dificultad que hay es que si se mantiene el uso que ya tiene no podría cumplir con la ley de estándares de calidad. Pero la información que tengo, aportada por la propia Consejería, es que no impediría la actividad residencial, ni la actividad turística, sino que quedaría fuera de ordenación consolidado", manifestó ayer durante su visita a las obras de la nueva carretera de La Aldea.
El Ayuntamiento ha tratado de derivar desde que saltó la polémica la responsabilidad en el Gobierno regional y en el Cabildo, por entender que la delimitación del uso del suelo turístico con el residencial está marcado por la normativa insular y regional. Por este motivo, ha invitado en estos últimos días a los afectados a que acudan a estos organismos supramunicipales, al carecer de competencias en esta materia, pese a ser su planeamiento.
El presidente insistió en que "La ley turística está pendiente del desarrollo reglamentario. Pero es un problema de estándares de ordenación del territorio. Y no solo de la ley turística, ya que tiene que tener una serie de equipamientos, de espacios públicos. La realidad es que, tal y como se ha construido, no lo contempla. Vamos a ver cómo lo compaginamos".
La legislación turística ha tratado desde hace años de evitar que muchos complejos vacacionales favorecezcan la venta de aparcamientos y bungalós como viviendas. Esta situación había provocado un conflicto, ya que es difícil congeniar los intereses de ambos clientes en un mismo inmueble. Pero, además, la regulación urbanística delimita los equipamientos que vayan en una determinada zona en función del uso del suelo. Así, si se trata de un espacio residencial, debe contar con una serie de dotaciones complementarias, para atender las necesidades de familias completas. Y que irían desde colegios hasta la atención sanitaria y espacios libres. Y, de igual forma, si allí se van a hospedarse exclusivamente turistas, que requieren también zonas comerciales.
Clavijo incidió en que la decisión final del uso que se le vaya a dar a cada urbanización dependerá del municipio y de sus vecinos, siempre que cumpla con los parámetros establecidos para el conjunto de la ordenación territorial de Canarias.
"La voluntad del Gobierno de Canarias es trabajar de la mano del ayuntamiento. Y, en este caso, con el alcalde -Marco Aurelio Pérez-". Además, dejó claro que el documento se encuentra en su fase inicial, por lo cual todavía deberá superar una serie de tramitaciones antes de su definitiva ratificación. "Ahora hay una fase de aprobación inicial. Con lo cual, la propuesta no tiene vinculación jurídica. Hasta que el documento de planeamiento no esté definitivamente aprobado estará en vigor el plan vigente".
Y, añadió que, "todavía está en exposición, y hay alegaciones y puede haber muchas modificaciones. Lo que queremos es que el planeamiento que se apruebe es el que el municipio y los vecinos quieran".
