El Cabildo y 19 de los 21 ayuntamientos de Gran Canaria buscarán facturas y certificaciones de obras por valor de 120 millones de euros para optar a un máximo de 60 millones anuales en el reparto de los fondos procedentes del extinto Impuesto General del Tráfico de Empresas (ITE), aunque los alcaldes ya han advertido de las dificultades de justificar gastos por ese importe en este año 2016 y se quejaron del decreto del Gobierno de Canarias que regula la utilización de ese dinero.
El gobierno insular de Antonio Morales y la mayoría de los ediles grancanarios consideran que el decreto del ITE y el retraso en la publicación de la orden que lo desarrolla genera "muchas dudas" en las administraciones locales, unas incertidumbres que se intentarán aclarar el próximo sábado durante una reunión de los siete cabildos con Fernando Clavijo, el presidente del Ejecutivo regional.
Ante la constatación de que el Gobierno de Canarias solo financiará en un 50% las obras que se acojan al ITE a través de los programas insulares, la vía elegida por la mayoría de los grancanarios, la Asamblea de Alcaldes acordó recopilar facturas y certificaciones de obras ya ejecutadas, o que se acaben antes de fin de año, para aspirar en 2017 al máximo dinero en el reparto por islas, que Gran Canaria calcula en unos 60 millones.
Esa cantidad será inferior si en la selección de los proyectos de Gran Canaria se incluyen los que presente el propio Gobierno autónomo o las universidades. Por lo pronto, Antonio Morales aseguró que el Cabildo ya dispone de justificantes por un total de 21 millones de euros y subrayó que a ellos sumará las certificaciones de las obras que se ejecuten hasta el 31 de diciembre.
Infraestructuras
El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, dijo que su Ayuntamiento podrá recopilar un millón de euros, mientras que el regidor de Moya, Hipólito Suárez, sostuvo que los municipios pequeños solo podrán justificar cantidades que rondan los 250.000 euros, pues el presidente Clavijo ya ha dejado "bien claro" que los fondos del ITE no se podrán utilizar para pagar infraestructuras de deportes, cultura, sanidad o educación.
Para que el Gobierno regional no pueda coger a los ayuntamientos grancanarios "con el pie cambiado", pues "cualquier día de este verano" puede anunciar la cantidad que corresponde este año a los 88 municipios del Archipiélago, así como los criterios para 2017, la Asamblea de Alcaldes constituyó una comisión para seguir negociando con el Ejecutivo autónomo y preparar los proyectos que se presentarán de forma global.
Ese grupo, que se volverá a reunir el 6 de septiembre, estará formado por los presidentes de las tres mancomunidades, los alcaldes de Las Palmas de Gran Canaria y Telde, y varios consejeros del Cabildo, encabezados por Carmelo Ramírez, titular de Cooperación Institucional y Solidaridad.
La única sorpresa en la Asamblea de ayer fue la presencia del alcalde de Firgas, Manuel Báez, que no acudió a las anteriores reuniones al estar en desacuerdo con la vía elegida para acceder a los fondos del ITE. No asistieron los regidores de Mogán, Onalia Bueno, y de San Mateo, Antonio Ortega, que se han desmarcado de los demás ediles y presentarán sus proyectos por separado.
Morales explicó que el Gobierno "ha establecido dos posibles líneas a las que acogerse, por un lado 'proyectos', en referencia a obras concretas y cerradas, y 'programas', relativo a líneas de actuación abiertas y flexibles". Ambas líneas son incompatibles entre sí.
En el caso de los 'programas', la opción elegida por Gran Canaria para presentar una propuesta global, el Gobierno solo financiará la mitad en el caso de las islas de Gran Canaria y Tenerife, el 80% en el caso de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, y hasta el 90% en La Gomera y El Hierro. Por tanto, alertaron de la posible discriminación entre municipios de similar población por pertenecer a las islas no capitalinas o capitalinas.
