La obra en Tauro para convertir la playa de callaos en una de arena rubia traída del Sahara se hizo sin un informe de impacto ambiental que era obligatorio para proteger los sebadales de la turbidez generada por el movimiento de los áridos. La Guardia Civil y la Fiscalía investigan por qué el Gobierno de Canarias entregó ese informe fuera de plazo y por qué las administraciones permitieron los trabajos sin tener la opinión de los técnicos de Medio Ambiente.
Y es que el estudio de impacto ambiental se realizó 20 meses después de que la Demarcación de Costas de Canarias le diera traslado del expediente a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno canario, con la finalidad de que fijara su postura sobre el proyecto de "mejora y ampliación" de la playa presentado por Anfi (familia Lyng y Hermanos Santana Cazorla).
Costas pidió informes a Política Territorial en octubre de 2014 y la Viceconsejería contestó en marzo de 2015, pero nadie le dio traslado al departamento de impacto ambiental que, a su vez, depende de la Dirección General de Protección de la Naturaleza y de la Viceconsejería de Medio Ambiente, ambas integradas en la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad. El informe de impacto se remitió a Costas el pasado mes de junio, cuando la obra llevaba en marcha desde febrero, y fue requerido en abril por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Se colocaron 70.000 toneladas de arena sin tratamiento previo para evitar el fango o detectar especies invasoras, directamente del camión a la cala.
Peligran los sebadales
Medio Ambiente entregó a los agentes la evaluación de impacto en junio, es decir, el mismo mes que a la Demarcación de Costas, pues el proyecto no llegó a los técnicos hasta que el Seprona se puso a investigar. No fue fácil conseguir el documento. La administración demoró dos meses su remisión y la Guardia Civil amagó con pedir a la Fiscalía la incautación del informe. Su conclusión es clara: la obra de regeneración de la playa afecta a la Zona de Especial Protección de la Franja Marina de Mogán, que empieza a 300 metros de la orilla, y pone en peligro los sebadales dada su cercanía.
La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, tras requerir toda la información a la Demarcación de Canarias, otorgó la concesión a Anfi en octubre de 2015. En esa resolución nada se dice de la necesidad del estudio de impacto, salvo que la Viceconsejería de Medio Ambiente "no ha emitido" informe. La omisión, según los investigadores, no parece gratuita. La Guardia Civil sospecha que el responsable de tramitar el expediente, José María Hernández, ha podido omitir las trabas o reparos de las administraciones para beneficiar al promotor.
En el expediente, de hecho, se afirma que el Cabildo no contestó a Costas, cuando si emitió en diciembre de 2014 un informe que advertía de la incompatibilidad del proyecto con el paseo marítimo hasta Amadores, el cual está previsto en el Plan Especial Territorial-29 del Litoral de Tauro.
Lo mismo pasó con Política Territorial del Gobierno, que puso la condición de modificar las Normas Subsidiarias y el Plan Parcial de Tauro para adaptar el proyecto al planeamiento. Eso se omite del expediente elevado a Madrid y sólo se incluyen las consideraciones favorables: las obras "no prevén dragado alguno" y suponen una mejora para el litoral, con kioscos y hamacas beneficiosos para los usuarios y la incorporación de una parcela privada al uso público.
Las diligencias abiertas por la Fiscalía de Medio Ambiente, tras recibir el atestado, apuntan a Hernández, que fue destituido de la jefatura de Costas el jueves de la semana pasada por las irregularidades, entre ellas permitir que el promotor comenzara la obra sin acreditar la propiedad de todo el suelo aportado al dominio público.
