Los empresarios del sector turístico de Playa de Mogán se niegan a que la imagen "lamentable" que desprende el edificio abandonado de la Avenida El Marinero, a la entrada de la urbanización, se prolongue otros 10 años. La patronal pide celeridad a las administraciones, tanto a la Justicia como el Ayuntamiento, para lograr no solo el desalojo de los okupas sino también garantizar la seguridad y la higiene del entorno.
La zona turística del sur de Gran Canaria esconde en algunas de sus infraestructuras abandonadas la presencia de indigentes extranjeros, que viven de forma paralela a la llegada de miles de visitantes. En Playa del Inglés, el denominado Parque Europeo ha sufrido algunos incendios por altercados entre personas sin hogar, y en Playa de Mogán la convivencia de okupas con clientes de hoteles de cuatro y cinco estrellas es ya una cuestión "insostenible". El presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros (AEH) de Las Palmas, José María Mañaricúa, entiende que las administraciones deben de encontrar con el propietario del inmueble, el banco Santander, alguna fórmula para proceder al desalojo de los ocupantes. "Tiene que haber alternativas para no solo salvaguardar la imagen del destino, sino también velar por la salud de esas personas", señaló el empresario, propietario también de dos hoteles en Mogán.
Imagen del destino
El director general de Cordial Canarias, principal grupo hotelero de Playa de Mogán, Nicolás Villalobos, recordó ayer que la presencia de los okupas supone una "mala carta de presentación" para un enclave que se ha convertido ya en todo un "referente" en Gran Canaria. Las instituciones, continuó, deberían garantizar el "bien común" y poner fin a esta "lacra". A su reivindicación también se unió el jefe de recepción del hotel Puerto de Mogán, Francisco Saavedra, quien recordó que se trata de un asunto de vital importancia para el principal sector económico de las Islas y que, por tanto, afecta tanto a autoridades, empresarios como al propietario del inmueble.
El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Mogán, Mencey Navarro, destacó ayer que mientras el banco Santander espera la orden de desahucio de los okupas del inmueble, pesa una medida coercitiva valorada en 463 euros al mes sobre la entidad, impuesta por el consistorio, por no desinfectar y adecentar el enclave.
