Contra su voluntad, pues los funcionarios habilitados del Estado intentan pasar lo más desapercibido posible en las luchas partidistas, el secretario del Cabildo de Gran Canaria se va a convertir en protagonista del caso Brito y en los próximos días será el centro de las presiones del gobierno y de la oposición para que el informe se ajuste a sus pretensiones.
Los secretarios están acostumbrados a evacuar informes de todo tipo y Antonio Muñecas tiene fama de ser un buen jurista, pero en este caso su dictamen ya está envuelto en la polémica porque Podemos, PP, Unidos y CC consideran que Brito debió dejar sus cargos en el mismo instante en que Podemos comunicó su expulsión. Esos cuatro partidos creen que el informe jurídico es solo una estratagema del presidente Morales para ganar tiempo, pues aseguran que la Ley de Cabildos es "muy clara" respecto a los consejeros que se quedan como No Adscritos.
Puesto que la expulsión de Brito se veía venir, Morales no ha escondido que en las últimas semanas ha hecho consultas verbales a los servicios jurídicos del Cabildo y éstos le han comentado que su vicepresidente no está afectado por el Artículo 88 de la Ley de Cabildos del año 2015.
Sin embargo, el secretario del Cabildo de La Palma ha enfriado esas expectativas al aceptar la solicitud de la dirección de Podemos para que el consejero Dailos González quedara encuadrado en los No Adscritos tras ser expulsado a finales de diciembre.
Dailos González pidió que no se tomara en consideración la solicitud de Meri Pita porque, al igual que Brito, había presentado una demanda judicial por entender que se habían vulnerado sus derechos fundamentales.
Ley de Cabildos
El portavoz de Podemos, Miguel Montero, comentó ayer que "no tendría ningún sentido que el secretario de Gran Canaria elabore un dictamen distinto al del secretario de La Palma y contrario a la propia letra de la Ley de Cabildos".
Los representantes del PP, Felipe Afonso El Jaber, y de CC, Fernando Bañolas, también preguntaron a Morales "a qué está esperando" para destituir a Brito, pues consideran que su recurso contra la decisión de Podemos ante los tribunales ordinarios no paraliza su traslado a los No Adscritos.
"Le guste o no al señor Morales, la ley es de obligado cumplimiento para todos, y prolongar por más tiempo este pulso político tendrá consecuencias muy negativas para la institución insular, cuya imagen ya está seriamente dañada con un lamentable espectáculo de juego de tronos y luchas internas de poder que poco tienen que ver con las preocupaciones y el interés general de los ciudadanos de Gran Canaria", declaró Afonso El Jaber, quien aseguró que "el empecinamiento de Morales por mantener en su cargo al consejero expulsado de Podemos, enredando la situación con disquisiciones jurídicas que sólo aportan más confusión, está generando una grave inestabilidad política".
El portavoz de Unidos por Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, tampoco entiende por qué el presidente del Cabildo "se ha metido en esos jardines jurídicos" si ni siquiera peligra su mayoría absoluta, pues el propio Brito se la garantiza como No Adscrito sin necesidad de acudir a los votos de otros tres consejeros de Podemos.
Además, Podemos y los grupos de la oposición empiezan a recelar de la actuación de Muñecas, pues él mismo está en una compleja situación. Su nombramien-to como secretario del Cabildo está anulado desde el 18 de marzo de 2016 por una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), confirmada el 8 de noviembre y ya notificada al Cabildo, con un plazo de dos meses para realizar un nuevo nombramiento.
El gobierno insular está obligado desde hace diez meses a realizar una nueva valoración de los méritos de los otros dos aspirantes a esa plaza, José Marcelino López Peraza y María Dolores Ruiz San Román, pero ese nuevo nombramiento se ha ido relegando en el tiempo con recursos judiciales.
La resolución del TSJC que anuló la designación señala que Muñecas fue el candidato "con menos experiencia en la materia" y que nombramiento en el año 2013 se fundamentó en las entrevistas personales realizada a los tres aspirantes por el entonces presidente de la corporación, José Miguel Bravo de Laguna, de las que no existe ningún tipo de baremación objetiva.
Ahora, todos los ojos están de su pendientes de su informe jurídico para salvar o condenar a Brito.
