El Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolome de Tirajana ha abierto diligencias previas para investigar la cantera que el Grupo Hermanos Santana Cazorla explota en el barranco de Fataga. Una actividad, la extracción de áridos, que es incompatible con el uso establecido en el Plan Especial del Paisaje Protegido de Fataga.
Dicho instrumento de ordenación entró en vigor el 27 de junio de 2007 y prevé la desaparición de la cantera una vez que expire la concesión de la explotación. Esto debió de producirse en 2009, con la aplicación de un plan de restauración para reparar el daño causado, pero los responsables de la empresa, en lugar de cumplir con esas directrices, han ampliado sus instalaciones en el barranco sureño, "sin que conste" la calificación territorial del Cabildo de Gran Canaria ni la licencia del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para hacer esas obras, sostiene la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas, que se ha querellado contra Hermanos Santana Cazorla SL y Petracan SL por un delito contra la ordenación del territorio (artículo 319.1 del Código Penal).
Fruto de esa querella son las diligencias abiertas a finales de mayo en el Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé. El ministerio público ha solicitado que se identifique a los directivos o administradores de esas compañías para tomarles declaración como investigados, pero el Juzgado aún no ha realizado ninguna diligencias en ese sentido.
La querella de la Fiscalía de Las Palmas viene precedida de la denuncia de un particular y de una investigación previa realizada por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun), un organismo que depende del Gobierno de Canarias y está especializado en la protección del territorio.
Los técnicos de Apmun, tras la denuncia ciudadana, visitaron el pasado 12 de septiembre la cantera de Santana Cazorla. Constataron que está ubicada en el kilómetro 46 de la carretera de Fataga, dentro de un Espacio Natural Protegido que es conocido como Paisaje Protegido de Fataga, integrado, a su vez, en la Red Natura 2000 y en diferentes zonas de especial conservación, como Ayagaures y Pilancones. Los agentes verificaron la ejecución de obras de nueva construcción, entre las que destacan tres naves y la ampliación de otra ya existente, una solera y el cierre del perímetro con muros.
Los trabajos se ejecutaron entre septiembre de 2011 y febrero de 2013, con la finalidad de completar las instalaciones del "complejo industrial" Canteras Maspalomas, que está especializado en la extracción y el tratamiento de áridos, así como en la elaboración de materiales y hormigones destinados a la construcción y a los aglomerados asfálticos.
Los informes de la Apmun concluyen que las obras hechas en la machacadora no sólo carecen de los permisos insulares y locales, sino que "vulneran las normas de ordenación del territorio de manera flagrante", pues la cantera se encuentra dentro de una Zona de Especial Conservación (ZEC), cuya delimitación está establecida en el Plan Especial del Paisaje Protegido de Fataga.
Dicho Plan fija que el uso de toda esa zona es "moderado", con la categoría de suelo rústico de protección cultural y de suelo rústico de protección paisajística.
En el terreno donde se ubica la machacadora, por tanto, está "prohibido" el "aprovechamiento de los recursos naturales" y, en ese sentido, el propio Plan Especial de Fataga contempla la desaparición de la cantera en 2009, tras la ejecución de un plan destinado a reparar el daño causado en las montañas por la actividad extractiva.
La querella de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo se basa, además de en la inspección de la Apmun, en un informe elaborado el pasado nueve de marzo por el Servicio Técnico de Medio Ambiente y Política Territorial del Cabildo. "Las nuevas obras ejecutadas y la ampliación de las edificaciones existentes en la cantera de Fataga, asociadas al uso industrial extractivo, no solo no son legalizables, al no estar permitidas las obras de ampliación de complejos fuera de ordenación, sino que van en contra de mandatos directos del Plan Especial del Paisaje Protegido de Fataga", concluyen los técnicos insulares.
En esos informes se basa la querella contra Hermanos Santana Cazorla, uno de los mayores grupos empresariales canarios especializados en la construcción. Los dictámenes señalan que las obras realizadas son ilegales.
