El ex alcalde de Teguise y ex parlamentario hasta el pasado mes de junio, Juan Pedro Hernández (CC), se sentará hoy a partir de las 9:30 horas en el banquillo de la sala de lo civil y lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. La Fiscalía y la acusación particular, ejercida por el ex consejero del Cabildo de Lanzarote, Carlos Espino (PSOE) le acusan de dos delitos de prevaricación continuada y piden para él nueve años de inhabilitación para cargo público y cuatro años de cárcel, respectivamente.
El de hoy será el primer juicio que nace del llamado caso Yate, que investiga las licencias concedidas en Yaiza y en Teguise a finales de los años noventa y a principios de siglo a establecimientos hoteleros. La Justicia anuló 27 de esas licencias en los dos municipios, otorgadas por Hernández en Teguise (donde fue alcalde desde 1991 a 2007 y de 2009 a 2011) y por José Francisco Reyes, que se encuentra actualmente en prisión cumpliendo una condena de seis meses por otorgar la licencia en suelo rústico para construirse su casa al arquitecto Carlos Morales.
Los tribunales anularon toda esa serie de licencias en el ámbito contencioso administrativo pero Espino decidió también acudir a la vía penal en el año 2006, y denunció los hechos apoyándose en un informe que había encargado el Cabildo de Lanzarote.
A Hernández se le acusa de conceder cuatro licencias y sus prórrogas sabiendo que no podía otorgarlas porque se había decretado por parte del Cabildo un periodo de suspensión de licencias mientras duraba la tramitación de la Moratoria turística que se aprobó en el año 2000. Hernández, con esas cuatro licencias, dio permiso para construir casi 1.800 camas turísticas en Costa Teguise.
La acusación particular señala en su escrito de acusación que el exalcalde permitió con un "plan preconcebido", la alteración de la realidad urbanística de Teguise "sin otra base legal que su capricho, causando un grave daño al desarrollo sostenible de su municipio", mediante "un urbanismo salvaje".
La primera de esas licencias la otorgó en enero de 1999 al Grupo Hoteles Playa para construir un hotel de cinco estrellas que iba a tener casi 600 plazas y del que sólo llegó a construir el armazón. Tanto en ese caso como en los otros tres, Hernández otorgó el permiso sin los preceptivos informes previos técnicos y jurídicos y sin solicitar el informe de compatibilidad con el Plan Insular.
Las otras licencias por las que se le juzga son las otorgadas a Residencial Las Colinas para construir 48 apartamentos turísticos, a Armadores de Puerto Rico para un hotel de cuatro estrellas en Costa Teguise y a otra sociedad para construir un complejo de apartamentos que se iba a llamar Club del Rey. Hernández ya fue condenado hace tres años por conceder licencias ilegales, en este caso para viviendas particulares, y fue inhabilitado para ejercer como concejal. La condena le permitió seguir ejerciendo como parlamentario.
Este político lanzaroteño fue la mano derecha de Dimas Martín en el PIL en el Ayuntamiento de Teguise y en el Cabildo, donde fue consejero, y en 2005 se pasó a las filas de CC.
