La queja de José Díaz sobre el derribo de su vivienda por parte de la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha llegado a Europa. La Comisión de peticiones del Parlamento europeo ha admitido a trámite su denuncia y abrirá un expediente sobre su caso, tal y como se lo comunicó la semana pasada en una carta firmada por la presidenta de esa comisión, Cecilia Wikström. Ahora deberá decidir si su queja afecta a la legislación europea o sólo afecta a la legislación nacional.
Este vecino de Arrecife,ex presidente de la asociación de vecinos La Plazuela, compró una vivienda de unos 125 metros junto al mar, en la zona de Las Caletas (Arrecife) en el año 1997. La compró por un millón de pesetas a la Caja de Ahorros, que a su vez se la había embargado al anterior propietario. La casa estaba inscrita en el Registro de la propiedad. En 2008 el contrato de compra venta se eleva a público, pero cuando Díaz fue a registrar la casa no pudo porque estaba dentro del dominio público marítimo terrestre, una circunstancia que ya existía cuando a la entidad bancaria se lo permitieron.
Dos años después, en 2010, la Autoridad Portuaria inicia un expediente de recuperación del dominio público portuario. Su casa se ve afectada por este expediente, al igual que algunas chabolas que se habían ido construyendo de forma irregular. En febrero de 2014, la Autoridad Portuaria derriba la casa.
Díaz ya había acudido a la Fiscalía, que no apreció hechos delictivos pero dijo que si se consumaba el desahucio y el derribo del inmueble por encontrarse en zona de dominio público, "la venta realizada por La Caja sería nula" al estar "fuera del comercio" los terrenos "comprendidos en la zona marítimo terrestre". El pasado 3 de septiembre, la Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada remite la denuncia de este vecino a la Fiscalía de Las Palmas porque considera que los delitos no son de su competencia.
El propietario de la casa, acostumbrado a las luchas vecinales, solicita asesoramiento a la asociación europea de perjudicados por la Ley de Costas y explora la vía de la queja ante Europa porque considera, entre otras cosas, que el deslinde en el que se basó su derribo no es legal. También acude al Diputado del Común porque la Autoridad Portuaria no publica el acta del Consejo de administración en el que se aprobó ese deslinde y tras solicitar ese documento y no conseguirlo, acude a esta Institución para que obligue a la Autoridad Portuaria a publicar esas actas. Asegura que "el primer culpable de todo esto es La Caja y después la Autoridad Portuaria, que ha hecho un deslinde en el que ha tirado todas las casas menos una, que está a nombre del familiar de un político". Ahora, según explica Carmen del Amo, que preside la asociación europea de perjudicados por la Ley de Costas, habrá que esperar si la Comisión considera que el caso afecta a una Directiva europea.
"Hasta ahora consideraban que no, pero como ahora la Ley de Costas la han encajado dentro de la Directiva marco del agua, es posible que digan que sí afecta", señala. Si deciden investigar se preguntaría al Estado sobre la aplicación de esta Ley, que Del Amo cree que es "una estafa" porque es una ley retroactiva. "Hay muchos casos en los que se ha pagado todo correctamente y ahora te dicen que es ilegal", señala.
