Los peritos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) señalaron ayer durante la tercera jornada del juicio de los chalés de La Bufona (Arrecife) que tras la orden de suspensión de las obras, que se dictó por la propia Agencia en el año 2000, los trabajos debían haberse parado de forma inmediata incluso aunque no se materializara el precinto sobre el terreno. Las trabajadoras de la Apmun señalaron que no se pudo llevar a cabo ese precinto por falta de personal.
En el juicio se intenta determinar si los promotores Federico Echevarría y Antonio Caro ocuparon suelo rústico para construir 14 chalés y si desobedecieron la orden de precinto, entre otros delitos, por los que la Fiscalía les pide cuatro años de cárcel para cada uno. La defensa sostiene que cuando se dictó esa orden, las obras ya habían terminado y se habían entregado las casas.
Por su parte, la ex alcaldesa Manuela Armas, declaró que ella ordenó verbalmente que se paralizara todo, incluso la concesión de licencias, hasta que se averiguara si era cierto que los promotores habían ocupado suelo rústico y suelo urbano propiedad de la familia Murillo, y que los planos del Ayuntamiento y los del Gobierno no coincidían y tenían "tachones".
También declaró el ex secretario municipal, Felipe Fernández Camero, que aseguró que no hacía falta hacer un proyecto de reparcelación porque en el plan parcial sólo había un propietario. Los promotores no han realizado todavía, quince años después, las compensaciones de terreno para el Ayuntamiento.
