"Si el psiquiatra que vio a mi mujer en Urgencias del hospital la noche del 23 de junio del pasado año, se hubiera tomado un poquito más de tiempo, a lo mejor podíamos haber evitado lo que ocurrió". El marido considera que su mujer no debió recibir el alta médica aquel día y regresar a la casa de Arrieta (Haría) en la que el matrimonio residía con sus dos hijos, una niña que tiene cuatro años y un niño de seis.
En la madrugada de San Juan de 2014, recuerda su marido que "sufrió un brote psicótico" que le llevó a autolesionarse con un cuchillo y causarle a sus hijos heridas leves con el arma blanca. "Mi mujer no era consciente de lo que hacía", sostiene el marido. El abogado de Carolina, Sergio Rodríguez, considera que esa circunstancia hace que su cliente sea "inimputable" y por ese motivo ha solicitado su salida de la cárcel de Tahíche y que se le aplique una medida de control que el juez considere apropiada para su caso.
La mujer, médico de profesión, está en prisión preventiva desde el 27 de agosto de ese año después de haber estado ingresada en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Doctor José Molina Orosa, en la capital de Lanzarote. Los niños acuden con el padre una vez al mes a Tahíche a ver a su madre. "Les digo que su mamá está en un hospital con policías cuando me pregunta", manifestó el hombre.
El hombre quiere que su pareja regrese a su hogar y argumenta esa petición en que "en los últimos ocho meses solo ha sido vista por un psiquiatra en tan solo dos ocasiones", cuando en realidad un informe de un psiquiatra del 20 de julio del pasado año, es decir, un mes antes de que entrara en prisión, recomendaba que "sería conveniente desde un punto de vista clínico iniciar una nueva fase de tratamiento, en la que progresivamente pudiera ir entrando en contacto con su entorno familiar para ir trabajando las consecuencias de lo acontecido e ir proyectando a la paciente hacia el futuro, de manera que pueda integrar todo ello en su biografía e identidad".
Por otro lado, un informe forense de los juzgados de Arrecife, fechado el uno de marzo de este año, revela que la madre "no ha recibido tratamiento psicológico especializado" y propone que "se establezca una medida de seguridad para ella consigo misma como para con su entorno" que tengan en cuenta sus características.
"Una gran confusión"
El forense añade que durante el desarrollo de los hechos por los que se la acusa "presentaba un cuadro caracterizado por una gran confusión, agitación emocional y una importante disfunción cognitiva provocada por la existencia de un delirio que condicionaba sus actos, ocasionando una merma completa en la comprensión, en su naturaleza y consecuencias, de los hechos que se le imputan, con ausencia total en su capacidad de juicio en esos momentos".
El forense insiste en la necesidad de "un seguimiento obligatorio por personal médico especializado", toda vez que "del trastorno padecido se describen altas tasas de recaídas, con la característica esencial de tener un inicio brusco de los síntomas psicóticos (cambio de estado no psicótico a otro claramente psicótico dentro de un periodo menor de dos semanas), situación que entendemos supera las posibilidades de un control ambulatario". El marido asevera que cuenta con especialistas para tratar a su mujer.
