La continuidad del alcalde de Arrecife, José Montelongo (PSOE) está cada vez más complicada después de que el juez del 'caso Montecarlo' le reclamase una fianza de 1,9 millones de euros por posibles delitos contra la administración en la modalidad de fraude, prevaricación y malversación de caudales públicos. Aunque la dirección insular del PSOE se mantiene en silencio sus socios de gobierno en Arrecife ya han dejado claro que será "muy difícil" mantener el apoyo a Montelongo tras la apertura de la fase de preparación de juicio oral en un caso en el que están implicados hasta un total de 21 personas, entre exconcejales, empresarios y técnicos municipales por sustracción de caudales públicos entre los años 2008 y 2012.
El teniente de alcalde de Arrecife, el nacionalista Rafael Juan González no ocultó ayer que será "muy difícil" mantener el respaldo al alcalde tras los últimos acontecimientos judiciales. No obstante, puntualizó que se esperará hasta la próxima semana hasta ver la decisión que adopta la dirección insular del PSOE.
Más prudente se mostró el secretario general de CC en Lanzarote, David de la Hoz, que aseguró que desde su partido van a actuar con "prudencia, tranquilidad y lealtad" para dejarle a su socio un espacio en el que pueda "digerir la situación" que atraviesa, aunque no sin destacar que "tienen en la cabeza cuáles son las opciones, y son pocas las que se pueden tomar", manifestando su deseo de que se tomen cuanto antes.
Mientras tanto en las filas socialistas la consigna es el silencio a excepción del diputado socialista por la provincia de Las Palmas Sebastián Franquis que recuerda que todos los cargos públicos del PSOE "firman un código ético cuando asumen responsabilidades públicas que también concierne al alcalde de Arrecife". Un código que señala que un cargo público presentará su dimisión inmediata si se le abre juicio oral por un procedimiento penal por delito grave.
Por su parte, el alcalde sostiene, a través de un comunicado, que todavía están pendientes de resolución sendas peticiones de sobreseimiento por parte del juzgado, impidiéndose así que la Audiencia Provincial de Las Palmas se pronuncie", aclara.
