El exalcalde de Arrecife, el socialista José Montelongo se enfrenta a una pena de diez años de cárcel por malversación de caudales públicos por su implicación, cuando era concejal de Hacienda, en el 'caso Montecarlo' que investiga el pago de forma presuntamente irregular de cientos de facturas por más de seis millones de euros. Un caso en el que el actual interventor del Ayuntamiento de Arrecife, Carlos Sáenz es una de las figuras claves de la trama de corrupción y para el que la fiscalía solicita 27 años y seis meses de prisión.
En total están acusados 20 personas entre técnicos y funcionarios municipales, empresarios y políticos. La Fiscalía los acusa, entre otros, de los delitos continuados de cohecho, fraude a la administración, malversación de caudales públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y prevaricación administrativa.
José Montelongo presentaba su renuncia a la alcaldía a finales de abril después de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife le impusiera una fianza de 1,9 millones de euros al observar indicios suficientes para juzgarle por seis delitos en dos procedimientos diferentes: dos de prevaricación, dos de fraude a la administración y dos de malversación.
En el escrito de acusación de la Fiscalía por el que se solicita la apertura del juicio oral ante la Audiencia Provincial de Las Palmas de las tres piezas del 'caso Montecarlo' (Tunera, Inelcón y Gestecal) se reclama para José Montelongo en concepto de responsabilidad civil más de 386.000 euros. No obstante, es el interventor el que debería abonar, en caso de ser condenado, las cantidades más altas de todos los implicados en una cuantía de más de 1,6 millones en concepto de multa (770.000 euros) y responsabilidad civil.
Según el escrito de la Fiscalía en el caso de las facturas pagadas a las sociedades Inelcón y Señalcón " el importe fraudulentamente abonado por el Ayuntamiento asciende, sólo entre los años 2008 y 2012, a la cantidad mínima de 3.469.086 euros y de 135.199 euros respectivamente, de los cuales obedecen a servicios no prestados un mínimo de 757.675 euros y de 84.119 euros, respectivamente.
La Fiscalía pide seis años de prisión y una responsabilidad civil de más de 800.000 euros para el propietario de Inelcón y Señalcón, Carlos Lemes Bermúdez.
En lo que se refiere a las sociedades Gestecal, Recingest y Progestril, el escrito de acusación recuerda que entre los años 2008 y 2012, el interventor se concertó con el concejal de Hacienda José Miguel Rodríguez (que confesó los hechos y para el que se pide un año de cárcel) , prevaliéndose ambos de las funciones públicas que cada uno de ellos ostentaba, y con los acusados José Vicente Montesinos y Javier Betancort "con el fin de detraer ilícitamente fondos municipales de dicho Ayuntamiento".
De esta manera, la fiscalía sostiene que se abonaron facturas por valor de más de 280.000 euros " bajo la apariencia de legalidad mediante la adjudicación fraudulenta de contratos con dichas empresas, y de una ficticia prestación de asesoramiento y colaboración con los servicios económicos municipales por parte de éstas".
En el caso de la empresa Tunera Producciones, para cuyo empresario, Eduardo Ferrer se pide seis años de cárcel, la fiscalía estima que " el importe arbitraria y fraudulentamente abonado por el Ayuntamiento de Arrecife asciende, sólo entre los años 2009 y 2012, a la cantidad mínima de 3.273.246 euros , de los cuales, al menos la cuantía de 121.182 euros obedece a pagos por servicios no prestados
En su escrito, la fiscalía detalla que las adjudicaciones a Tunera Producciones se llevaron a cabo "de forma directa, verbal, y sin expediente de contratación para la prestación de servicios consistentes en la organización de eventos, con grosera vulneración de los principios de libre concurrencia, publicidad y acceso a las licitaciones que rigen la contratación de las Administraciones Públicas, en razón de las cuantías de los servicios facturados, con el fin de garantizar el abono de dichas facturas al mismo empresario".
Entre los técnicos municipales acusados por la Fiscalía se encuentran: Francisco Hernández, Blas Cedrés, Isidro Hernández, José Antonio Cabrera Moreno y Penélope que se enfrentan a penas que van desde los tres a los cinco años de cárcel.
