"Dimas, te voy a dar una mala noticia. Te voy a mandar una orden de paralización". La alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña se apresuraba a llamar en marzo de 2009 al líder del PIL y compañero suyo de partido, Dimas Martín, para comunicarle que se le iba a paralizar las obras de ampliación y reforma de su vivienda situada en el parque natural de Los Volcanes. "Esto tiene muy mala follá", le advertía la alcaldesa en una llamada telefónica al móvil de Dimas que había sido intervenido por orden judicial dentro del 'Caso Unión', la macro operación contra la corrupción en Lanzarote que supuso un mes después la detención de más de una veintena de personas.
El juzgado de lo penal número 1 de Arrecife celebraba ayer la primera de las sesionesde la vista oral de una de las piezas separadas del 'Caso Unión' por las obras de una vivienda, catastrada a nombre de la mujer del líder del PIL y expresidente del Cabildo de Lanzarote y exalcalde de Teguise, Dimas Martín, situada en el parque natural de Los Volcanes en Yaiza, en el paraje conocido como Los Rostros. El Ministerio Fiscal solicita para Dimas Martín, al que acusa de ser el promotor de las obras, dos años de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio, así como a una multa de 12.000 euros y la inhabilitación para promover otras obras.
Los teléfonos móviles echaban humo desde el momento en que un agente del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) levantó un acta el 10 de marzo de 2009 por la ampliación de una vivienda de Dimas Martín, que no contaba con licencia municipal y con la particularidad de que la casa se encuentra en un espacio protegido, según sostiene la acusación pública.
"Sabía que a partir de ahí me iban a poner loca", reconocía ayer durante el juicio la alcaldesa de Yaiza que declaró en calidad de testigo. Aunque Acuña defendió en todo momento que actuó acorde con la legalidad al ordenar la paralización y precinto de las obras sus conversaciones telefónicas con Dimas revelan que durante ese periodo mantuvo un contacto permanente con el líder de su partido para informarle de todos los pasos que iba a seguir el Ayuntamiento. "Te voy a mandar una orden de paralización. ¿A quien se la notifico, Dimas? le preguntaba al alcaldesa en una nueva llamada.
La Fiscalía mantiene que Dimas ordenó la construcción de una vivienda anexa a la casa antigua de su mujer, consistente en tres habitaciones, una piscina de 30 metros cuadrados y un muro de cerramiento de piedra. Unas obras que según sostenía Dimas en sus conversaciones telefónicas con la alcaldesa de Yaiza solo habían consistido en techar con cemento una parte de la casa que ya contaba con un techo de madera, colocar dos ventanas y empezar a construir la piscina. Según reconocía Dimas en sus conversaciones telefónicas, antes del precinto había podido concluir las obras anexas del interior quedando pendiente el muro y la piscina.
"Si pregunta por mi nombre dile que no me conoces", le advertía Dimas al encargado de la obra al detectar la presencia de un agente del Seprona en su propiedad. "Dile (al agente) que no vaya tan envalentonao", le aseguraba poco después en otra llamada mientras hacía cábalas de quien había dado "el chivatazo" sobre las obras ilegales. "Ya nos enteraremos quien es", tranquilizaba Dimas a su encargado.
El siguiente paso del líder del PIL fue llamar al constructor Samuel Lemes (otro de los empresarios investigados dentro del 'Caso Unión') para que intentara mediar con los agentes del Seprona. "¿Tú no dices que tienes amigos en el Seprona?", le preguntaba Dimas a Lemes. "Tú dile que denuncie el muro de piedra y en todo caso la piscina", sostenía Dimas, aunque tal y como reconoció en el juicio el agente del Seprona esas llamadas no surtieron ningún efecto. "Me llamaron varias veces, aunque yo hice mi trabajo", afirmó el agente para descartar cualquier tipo de trato de favor.
"Lo que es la casa está casi lista. Voy a ver cómo reacciona Yaiza para meter una cuadrilla el fin de semana y terminar la piscina", reconocía Dimas a Lemes mientras le hablaba de los 2.300 euros que le había dado a los albañiles como uno de los pagos por las obras.
Dimas ha sido condenado por desobediencia civil por la construcción de un bañadero en Guatiza, por malversación de caudales públicos en la gestión de una empresa municipal de Teguise, por delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio por la construcción de unos baños públicos en una colada volcánica junto a la ermita de Los Dolores y por malversar fondos del Ayuntamiento de Arrecife y a la empresa pública de aguas Inalsa al ordenar el pago de facturas falsas al abogado Rodríguez Batllori. Además está pendiente de juicios por cobrar presuntamente comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife y de haber recibido comisiones por la adjudicación del servicio de basuras en Arrecife y la construcción de un pabellón deportivo.
