El 80% de los residentes en el barrio isletero de Las Coloradas no puede vender o transferir sus casas porque, en teoría, el suelo sobre el que se asientan no es de ellos. Lo dice el Registro de la Propiedad, que sigue contando como propietarios del suelo de casi todo el barrio a los antiguos dueños, los que vendieron las parcelas a los más mayores hace ahora 40 y hasta 50 años.
El error de entonces fue el que los vecinos aceptaron como válido un documento de compra-venta de carácter privado, que en el Registro no tiene validez alguna. Los afectados son los más de 4.000 habitantes de las cerca de 400 casas del barrio que aún no figuran inscritas en el Registro.
Esa anomalía ha traído como consecuencia que los vecinos no puedan escriturar sus casas, en las que viven desde hace 50 años, como suyas. Este error podría subsanarse sin problemas con la simple firma de los antiguos propietarios, o de sus herederos, los que aún figuran en el Registro, pero según los vecinos de Las Coloradas estos ponen pegas y el proceso se eterniza durante años y años.
En este punto, Felipe Méndez, presidente de la asociación de vecinos Iguamira, acusa a los herederos de los antiguos dueños de "discriminación" por firmar las escrituras a unos y a otros no. "Que nos expliquen esos señores por qué a los que llevan viviendo aquí 40 años les ponen pegas, y todos los que llegaron hace menos de seis u ocho años vienen con las escrituras en la mano", reclamó Méndez. Según este líder vecinal, además de poner pegas, los herederos que deben dar el visto bueno a las escrituras son más de 80 personas distintas y no fijan un apoderado, por lo que es casi imposible que se reúnan para firmar los documentos. "Es una maldad lo que están haciendo con nosotros, y un crimen", dijo Méndez.
Esta falta de colaboración por parte de los propietarios legales del suelo de Las Coloradas ha llevado a muchos vecinos a embarcarse en procesos judiciales que se prolongan durante años y de los que alguno ha salido casi arruinado. "Yo llevo más de diez años intentado regularizar mi casa", contó Olga Quevedo, que lleva 49 años en el barrio, "pero me he gastado ya 6.000 euros y no he conseguido nada".
Como Olga Quevedo, el mismo Méndez tuvo que llegar a la Justicia para poder escriturar su casa. El proceso es costoso porque sólo el expediente de dominio, documento imprescindible para demostrar que es su vivienda, cuesta alrededor de 3.000 euros. A ello se le deben unir luego las costas de los abogados y la publicación de avisos en prensa (obligado por Ley) hasta que el juez firma las escrituras por incomparecencia de los propietarios.
El riesgo al que se enfrentan estos vecinos es alto, como explica otro residente, Pacuco Cabrera. "Tenemos miedo porque al estar el suelo a nombre de los herederos pueden pedir un crédito e hipotecar las parcelas en las que nosotros vivimos en el banco". Los residentes se quejan del "desprecio" de los herederos que no firman escrituras si no es a requerimiento judicial. "Los dueños vendieron este suelo como para que vivieran cochinos, porque ni las calles las hicieron, y ahora no nos quieren firmar", lamentó Jesús Martín.
