Pocas veces una niña de ocho años, sus 'dos madres' y la actuación de una jueza han dado tanto que hablar. Un enfrentamiento enconado que deberá pasar de nuevo por el juzgado tras la anulación del último juicio a Soledad Perera. Todo porque la magistrada impidió a los periodistas entrar a la vista.

La historia de Piedad vuelve a estar de actualidad. Y eso que han pasado siete años desde que las autoridades descubrieron que su madre biológica, Ángeles Suárez, carecía de recursos para atenderla, siete años en los que esta niña de nombre ficticio ha sufrido en sus carnes el fracaso de las administraciones, tanto las que imparten justicia como las que tutelan a los menores en desamparo.

Un fracaso ante el que la Dirección General del Menor guarda un silencio revelador. Nadie dice ahora nada, quizá porque los propios informes de los técnicos ya advertían de lo que podría ocurrir si fracasaba el proceso de reinserción con la madre biológica: un daño emocional irreversible, según reza uno de esos informes oficiales que obran en el expediente.

Y eso es lo que parece haber pasado desde que una sentencia ordenó que la niña volviera con Ángeles Suárez. Eso se produjo en 2007, después de que Soledad Perera acogiera dos años antes a Piedad con vistas a formalizar su adopción.

La pequeña llevaba tres años en un centro de acogida. Allí ingresó con poco más de siete meses, después de que la Fiscalía de Menores interviniera porque la madre no podía hacerse cargo de su hija. Eso ocurrió en 2002, y saltó a los periódicos cuando Ángeles Suárez se plantó en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y montó una acampada de 27 días para exigir una casa donde vivir con la niña.

Luego vino la declaración de desamparo mencionada, la acogida, la vuelta con la madre biológica y un enfrentamiento con Soledad Perera que todavía sigue vivo en los juzgados. De hecho, una sentencia acaba de anular el juicio celebrado en febrero contra Perera por resistirse a entregar a la niña. (Antes, en 2008, también fue condenada a ocho meses de cárcel por el mismo motivo).

El juicio fue invalidado por la Audiencia de Las Palmas, que también ha ordenado la repetición de la vista oral porque la jueza vulneró los derechos de la acusada al celebrar el juicio a puerta cerrada e impedir la entrada de los periodistas. La sentencia no tiene precedentes en Canarias y ha dejado en evidencia la actuación de María Gabriela Ramos, la titular del Juzgado de lo Penal número 1 de la capital grancanaria. Y es que ese 26 de febrero, con el beneplácito de la magistrada y sin ninguna razón que justificara tal decisión, se quedaron sin acceder a la sala de vistas una treintena de personas, la mayoría de ellas periodistas que hacían su trabajo.

Ahora, como consecuencia de esa sentencia, mientras Perera aguarda a que se celebre el nuevo juicio por desobediencia para acabar con su peculiar pesadilla, la inoperancia de las administraciones aviva el enconamiento entre las dos madres. Ambas aspiran a que la niña vuelva con ellas. Así lo ha expresado públicamente Perera, la madre preadoptiva, que tiene el apoyo de la asociación Pro Derechos del Niño y la Niña, al tiempo que Ángeles Suárez, la madre biológica, ha reclamado en el juzgado la revocación de la segunda declaración de desamparo para volver a ver a su hija "inmediatamente".

Y mientras la dos madres siguen inmersas en sus particulares batallas judiciales, Piedad languidece en un centro de menores. Hace un año que Suárez la dejó allí tras fracasar la reinserción, según las explicaciones oficiales porque se quedó sin vivienda y tenía serias dificultades para cumplir con sus obligaciones laborales.