La Inspección de Trabajo y Seguridad Social investiga desde hace unos meses unas 80 licencias de taxis de la capital grancanaria, que están en manos de floteros, por infracciones laborales. De hecho, Trabajo ya ha requerido a varios dueños de estas licencias para notificarles las irregularidades que han cometido, por las que serán sancionados con multas que pueden oscilar entre los 6.000 y 24.000 euros.
Las irregularidades detectadas están relacionadas con la explotación ilegal de las licencias y tienen que ver con la cesión ilegal de trabajadores, empleados sin contratos y la percepción de pensiones por parte de viudas y jubilados dueños de licencias, según confirmaron fuentes cercanas a la investigación que realizan de manera coordinada la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y el Ayuntamiento de la capital grancanaria desde el pasado mes de abril, tras la redada de tres floteros que explotaban cerca de un centenar de taxis. Los dueños de dichas licencias están siendo investigados además por un presunto delito fiscal y se exponen a la revocación de sus licencias por parte del Ayuntamiento, debido al incumplimiento del reglamento del taxi.
Fuentes de la investigación añadieron que el Ayuntamiento está pendiente de que la Inspección de Trabajo y Hacienda les remita las conclusiones de sus investigaciones para iniciar a lo largo de las próximas semanas con los expedientes de revocación de licencias.
LENTO. El concejal de Seguridad y Movilidad Ciudadana, Jesús González Dumpiérrez, se quejó ayer de que las investigaciones municipales "van a un ritmo más lento del que yo quisiera porque no tenemos el personal suficiente para llevarlo a cabo", pero añadió que ya se han impuesto varias sanciones por irregularidades en la gestión y advirtió que se contempla "la posible revocación de las licencias en los casos muy graves". La Asociación de Asalariados del Taxi de Las Palmas, que impulsó la investigación con sus denuncias, espera que esta investigación acabe con la explotación ilegal de las licencias.
