Dos asociaciones de ámbito nacional registran casi 200 denuncias de adopciones irregulares realizadas en Canarias a partir de 1960.
La Asociación de Víctimas de la Corrupción Infantil (Avicsin), tiene registrados en las Islas casi 190 casos, diez de ellos en Gran Canaria, mientras que la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), creada hace tan sólo unos meses, cuenta ya con dos denuncias de adopciones ilegales efectuadas en este Archipiélago, aunque con 240 socios, tienen en la actualidad denunciantes de casi todo el territorio español.
Antonio Toscano, portavoz de Avicsin, explica que al colectivo que representa "le llegan las primeras denuncias de adopciones irregulares, al comenzar a investigar el escándalo de la Casa Cuna de Santa Cruz de Tenerife", vinculado con abusos sexuales e irregularidad en las adopciones. "A partir de ahí, comenzaron a extenderse las denuncias por todo el Archipiélago, aunque con mayor incidencia en Tenerife, donde acumulamos ya 180 quejas sobre supuestas irregularidades o compraventa de bebés".
Toscano destacó ayer que "el número de denunciantes es bastante alto en las Islas, sobre todo teniendo en cuenta la tasa de población. El volumen de trabajo en Canarias es de tal intensidad", asegura, "que hay cuatro abogados de la asociación trabajando actualmente en los casos de las Islas". Toscano, que desde la Asociación de Víctimas de la Corrupción Infantil, Avicsin, ha trabajado codo con codo con la Guardia Civil en la investigación por la desaparición de Yeremy Vargas, recuerda que existen, además, "nueve casos más de adopciones o venta de niños en Gran Canaria, así como de una chica cuya reclamación nos llega desde Lanzarote".
La media de edad
Destacan desde Avicsin que, curiosamente, "la clínica Santa Catalina" aparece citada de manera frecuente entre las denuncias de los afectados grancanarios, así como el hospital de San Martín, en Vegueta, que ya no funciona como tal.
"La media de edad de los denunciantes está entre los 44 y los 54 años, aunque no mayores de 60", añade, "y en más del 70 por ciento de los casos, se trata de personas de clase media alta, con un puesto de trabajo tranquilo, profesionales en su mayoría titulados y sin haber vivido episodios de malos tratos o en familias desestructuradas".
Por su parte, Antonio Barroso, presidente de Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), cuenta que de entre los más de 240 socios que tiene su organización, creada en mayo de este año, "dos son afectados por adopciones irregulares en el Archipiélago". Uno por cada provincia.
Una de las socias es Lourdes Barreiros Acosta, la mujer de 50 años que ayer denunció en las páginas de LA PROVINCIA/DLP que trata de localizar a su madre biológica, tras conocer que fue adoptada de forma irregular en 1960. Nació en la clínica Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, y fue "una matrona quien me entregó a mis padres", explicó.
Vendido en Zaragoza
Barroso crea la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares por su propia necesidad, ya que también descubrió, siendo bastante mayor, que sus padres biológicos no eran quienes él pensaba, aunque ya lo sospechaba desde joven.
"Con 38 años es cuando realmente me entero, por el padre de un amigo, que también soy adoptado. Para quedarme tranquilo, me hago la prueba de ADN con mi madre, que sale negativa. Con los años", añade, "supe que me habían comprado en Zaragoza, a una monja, y comprendí por qué en mi DNI figuraba que era nacido en Zaragoza, algo que no cuadraba con la historia que habían contado mis familiares", matiza.
Anadir fue creada, según su fundador, "para aquellas personas adoptadas ilegalmente o irregularmente y para aquellos padres que en su día cuando fueron a dar a luz les dijeron en el hospital que su hijo había fallecido" y sospechan que no es cierto. "No sólo fuimos robados, también fuimos vendidos al mejor postor", concluye Barroso.
