La Comisión Europea ha exigido la puesta en marcha inmediata de la planta de biometanización o biogás de Salto del Negro, que aún está sin funcionar pese a que se terminó hace cuatro años. El Cabildo de Gran Canaria, encargado de gestionar la planta que ha sido construida por el Gobierno canario, se niega a recibir la planta de tratamiento de la basura orgánica hasta que se resuelva el desajuste que impide su funcionamiento. Según el Cabildo, las dos fases de la planta, que fueron construidas por empresas y tecnologías diferentes, no son compatibles, por lo que ha exigido al Ejecutivo que realice las adaptaciones necesarias que permitan conectar los dos sistemas tecnológicos de ambas fases.
El consejero insular de Medio Ambiente, Juan Salvador León, se negó ayer a realizar declaraciones sobre el asunto y desde la Consejería de Medio Ambiente y Política Territorial, tampoco quisieron hablar. Hoy habrá una reunión entre los responsables de ambos departamentos para intentar buscar una salida.
El 80% de la infraestructura, cuyo coste ha superado los 60 millones de euros, ha sido financiada por la Unión Europea, a través del Fondo de Cohesión 2000-2006, y el resto por el Gobierno canario. La construcción de las dos fases de la planta se cifró inicialmente 30 millones, pero las modificaciones elevarán su coste a más de 60 millones, según indicaron en su día fuentes de la institución insular.
La exigencia de Bruselas, que fue dada a conocer por el comisario de Política Territorial, Johannes Hahn, en una respuesta a una pregunta de Los Verdes, se produce después de haber enviado a las autoridades españolas "varias cartas" para que se ponga en marcha la planta de biogás.
Johannes Hahn deja bien claro que la "Comisión sabe" que la planta "permanece inoperativa cuatro años después de su finalización" y añade que Bruselas exige su puesta en marcha para "realizar el pago final y cerrar el proyecto".
Añade Hahn que el Gobierno canario ha asegurado que "la planta empezará a funcionar durante el primer semestre de 2011". Pese a ello, desde el Cabildo de Gran Canaria aseguraron desconocer la fecha de arranque de la infraestructura y desde la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno canario, ningún responsable contestó a la llamada de este periódico. El Gobierno canario se expone además a que la Comisión Europea exija la devolución de la subvención, según advirtió ayer Amalia Bosch, candidata de Los Verdes al Cabildo de Gran Canaria.
El director general de Calidad Ambiental del Gobierno canario, Emilio Atiénzar, negó en mayo de 2008 la existencia de un desajuste entre las planta, atribuyó el retraso a la falta de la instalación de la infraestructura eléctrica y a "problemas burocráticos". Dijo que la planta se podría recepcionar en 2008. Dos años después sigue parada.
