La Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias (Redesscan) denunció ayer que el Gobierno autónomo ha recortado este año 125 millones de euros en el ámbito de los Servicios Sociales -sólo en la Consejería de Bienestar Social se redujeron 55 millones-. Un recorte presupuestario que unido al realizado por el Gobierno central, el Cabildo y los ayuntamientos colocan a la comunidad en una "situación de emergencia social, de alta precariedad y muchísima pobreza". Este es el análisis que ha realizado Redesscan tras un estudio sobre la situación de los Servicios Sociales antes y después de los recortes. Unas 600.000 personas viven bajo el umbral de la pobreza, según la Encuesta sobre Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (2009).

Koldovi Velasco, miembro de Redesscan, explicó durante la presentación del informe, que sólo un 1,16 personas de las 600.000 que viven bajo el umbral de la pobreza "reciben algún tipo de prestación económica para la inserción social". E indicó, además, que ésta tarda en percibirse ocho meses en vez de cinco como estipula la ley.

Velasco dijo que la situación es muy grave porque en los últimos años ha habido un "deterioro y desmantelamiento" de dichos servicios y prestaciones. "Ha pasado de ser un sistema universal al que todos tenemos derecho a convertirse en algo residual. Sólo los pobres y con unas determinadas características tienen derecho a una prestación", añadió.

Redesscan afirma que los inmigrantes y las personas sin hogar quedan fuera de esta cobertura social y que los recortes están obligando a muchas ONG a que cierren programas, casas de acogida, pisos tutelados, además, de despedir a personal.

La plataforma pide a las administraciones que frenen estos recortes, que dote de forma suficiente las partidas y que se distribuyan equitativamente entre los colectivos.