Las Palmas de Gran Canaria figura entre las siete capitales de provincia del Estado español que aún no han decidido recuperar la tasa sobre recogida de residuos sólidos. La mayoría de las grandes ciudades del país han ido rescatando a lo largo del último decenio un impuesto que habían ido desterrando durante la década de los 80, pero aún quedan urbes que se resisten. La inmensa mayoría de los municipios paga ya por el tratamiento de los residuos, cuya aplicación se ha amparado en una directiva europea de 2008 sólidos y una recomendación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que se basa en la filosofía de que el que contamina, paga.

Según se refleja en una encuesta elaborada el pasado mes de abril por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), sólo se mantienen sin recuperar la impopular tasa Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Toledo, Valladolid, Zamora, Barcelona, Badajoz y Valencia. Esta última no tiene tasa como tal, pero sí cobra por este concepto a través del recibo del agua desde 2009.

El gobierno municipal que en estos días termina su mandato hizo un intento de resucitar la tasa en 2009, pero finalmente no se atrevió a rescatarla, aunque inicialmente tenía previsto cobrar 30 euros anuales con el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles. La mayoría local planteó a principios de este mes la necesidad de que los ayuntamientos rescaten la tasa de basura, aunque luego se apresuró a aclarar que no hay nada previsto en ese sentido para la capital.

En cualquier caso, gane quien gane las elecciones municipales que se celebran hoy, la nueva mayoría tendrá que buscar recursos alternativos para asumir el coste de la cesión del vertedero, hasta ahora municipal, al Cabildo de Gran Canaria. La cesión supondrá que el Ayuntamiento no sólo dejará de cobrar a los municipios que vierten en Salto del Negro, sino que además tendrá que pagar a la administración insular por depositar allí sus basuras. Ello obligará a la ciudad a realizar un desembolso anual mínimo de 7,6 millones de euros en el mejor de los casos, es decir, si se mantiene la tasa actual (15 euros por tonelada de residuos). En caso de que se doble la tarifa y suba a 27 euros, como llegó a preverse, a la ciudad le costaría más de 12 millones (10 millones por la basura, más 2,1 millones que dejaría de ingresar por gestionar el complejo).