Los alcaldes de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, reclamaron ayer al presidente del Ejecutivo canario, Paulino Rivero, un trato específico para ambas ciudades en materia de asuntos sociales que debe pasar por dar prioridad a estas necesidades. Los alcaldes de las dos capitales canarias entienden que son los municipios que concentran un mayor índice de pobreza que consideran debe ser atendido por el Gobierno regional de forma diferenciada.
Durante la reunión en Presidencia del Gobierno para abordar el desarrollo de la Ley de Capitalidad Compartida, Bermúdez y Cardona pusieron sobre la mesa su disposición a coordinar las iniciativas culturales y deportivas con el fin de ahorrar costes y optimizar recursos. Rivero precisamente planteó la necesidad de realizar una reorganización administrativa. El alcance de las medidas se plasmarán en un estudio que está elaborando el Ejecutivo autónomo y que será abordado en la reunión del Consejo de Capitalidad que se celebrará, probablemente, el próximo mes de septiembre.
Los alcaldes están dispuestos a aceptar lo que diga este informe para evitar duplicidades, eliminar burocracia y racionalizar gastos. Los regidores han entendido el planteamiento del Ejecutivo canario en el sentido de que la mejor manera de hacer frente a la actual falta de recursos es compartir servicios, coordinar actuaciones e incluso devolver competencias al Gobierno regional, si fuera necesario. Rivero, se mostró partidario de trabajar para que Santa Cruz y Las Palmas de Gran Canaria avancen de forma conjunta en materia de Cultura, Vivienda, Empleo y Servicios Sociales.
Cardona fue más concreto y mostró su disposición a poner de nuevo en manos del Ejecutivo materias que no son de su responsabilidad directa y que origina un sobrecoste a las arcas municipales de las cocapitales. "Si hay que devolver competencias lo haremos", indicó. Los alcaldes de Santa Cruz y Las Palmas de Gran Canaria constataron en su entrevista con Rivero que va a ser prácticamente imposible que consigan arañar mucho más dinero a través de los fondos de capitalidad. Unas partidas con las que anualmente el Ejecutivo autónomo pretende compensar a las dos ciudades por los gastos derivados de ostentar esta condición.
