Los vecinos de una decena de barrios de la capital grancanaria esperan desde hace meses por la apertura de locales sociales, parques y otros equipamientos sociales financiados con el plan Zapatero que concluyeron antes de las pasadas elecciones y todavía permanecen cerrados. Es el caso del centro cívico de San Lorenzo, la rehabilitación del local social de El Risco de San Nicolás o el centro cívico de La Paterna, cuyos vecinos no entienden cuál es la razón de que estén todavía cerrados a cal y canto.

También están vallados desde hace meses los nuevos parques de La Ballena, en el Barrio Atlántico, y del barranco de Gonzalo, en Pedro Hidalgo. Ambos han sufrido los ataques de los gamberros, que han robado todo el cableado eléctrico y parte de la red de riego que había en la zona, debido a la falta de vigilancia y de alumbrado. El parque de La Ballena costó 1,9 millones y la obra fue recibida por el Ayuntamiento en septiembre pasado, pero todavía sigue vallado, aunque los vecinos se meten por el espacio verde de 80.000 metros cuadrados para pasear. En el barranco de Gonzalo, al robo de cables se han unido en las últimas semanas vertidos fecales.

Vecinos de Tafira también reclaman la apertura del molino de Las Magnolias, recién rehabilitado, y Las Coloradas espera también por el centro cultural, que se ha construido a través de fondos del Plan de Cooperación del Cabildo. Cerrado, equipado y terminado continúa desde antes de las elecciones el centro de acogida de personas sin techo de el barrio de El Lasso, a donde estaba previsto trasladar a los usuarios del centro Gánigo de Santa Catalina, para ubicar en este último un recurso de baja exigencia para que los indigentes pasen la noche a cubierto. Mientras tanto, el Ayuntamiento paga por la vigilancia del centro, para que no sufra ataques vandálicos.

Otros tres equipamientos terminados que continúan cerrados son los polémicos centros de menores en situación de riesgo de Cruz de Piedra, Casablanca III y San Roque. En Cruz de Piedra hay división entre las asociaciones. Unos lo rechazan y otros reclaman su apertura y el Gobierno municipal parece que no tiene claro qué hacer con los centros porque mientras la concejala de Urbanismo, María del Carmen Hernández Bento, señalaba que se destinarán a otro uso, la edila de Servicios Sociales, Rosa Viera, asegura que se abrirán los de Cruz de Piedra y Casablanca III.