El abogado de Fernando Torres Baena, Ángel Luis Calonge Ramírez, pidió ayer al Tribunal que declarase nulas todas las actuaciones porque "se gestionó interesadamente el tiempo tras la denuncia para que la investigación cayese en un determinado juzgado" y porque se "decretó el secreto de sumario cuando no se podía haber hecho".
Calonge calificó de "extraña" la forma en la que se tramitó la denuncia y se refirió a una serie de hechos que "obran en el sumario" que demostrarían que "se vulneró el derecho al juez predeterminado por ley". En este sentido, dijo que no entendía por qué la Policía no había recogido una denuncia por abusos sexuales que se iban a producir sobre un menor de nueve años días antes de que estallase el caso. "Los hechos se conocían de antemano, pero se gestionó el tiempo de forma irregular para elegir al juez que conoció la cuestión".
El fiscal, Pedro Gimeno, contestó al abogado que "no se puede aceptar la denuncia de un menor sin la presencia del tutor del menor", pero que, en todo caso, él solo sigue con la "teoría de la eventual conspiración, pese a que la declaración de unos 60 testigos ha terminado con los huesos de Fernando Torres Baena en prisión preventiva".
El abogado de la acusación particular, José María Palomino, defendió por su parte que se "respetaron las normas de reparto escrupulosamente".
El presidente del Tribunal, Emilio Moya, dictaminó que estas cuestiones previas, y otras solicitadas por el resto de partes, se resolverán en la sentencia.
