La falta de ayudas por parte de las administraciones públicas empujó a Cáritas en 2011 al 70% de las 11.558 familias, que pidieron ayuda a la ONG para poder pagar el alquiler, el agua o la luz, comer o escapar de un desahucio inminente. Los efectos de la crisis se agudizaron el pasado año, lo que provocó el aumento de los usuarios de Cáritas en la provincia de Las Palmas, cuyo número superó las 32.000 personas. En el Archipiélago, el número de beneficiarios de la ONG llegó hasta las 55.531 personas y en el conjunto del Estado, Cáritas atendió por primera vez a más de un millón de personas. Los índices de pobreza se están disparando y en Canarias ya hay un 31% de personas por debajo del umbral de la pobreza, una cifra que coincide con la tasa de paro.
El progresivo aumento del desempleo, la reforma laboral y los recortes sociales están agravando el deterioro de la situación de las familias, que cada día se vuelve más desesperada, denunció ayer el director de Cáritas Diocesana de Canarias, Pedro Herranz, quien se mostró muy crítico con los representantes políticos de las administraciones que pretenden "ocultar y ningunear" a las víctimas de la crisis económica.
"La gestión política de la crisis", resaltó, "nos ha traído a un 40% de familias nuevas, que antes nunca necesitaron una ayuda de Cáritas". Denunció que los recortes en las políticas sociales son cada vez "más agresivos" y se quejó de que la situación de los ciudadanos de a pie, que deberían ser el objetivo último de todas las políticas económicas y sociales, está empeorando y volviéndose crónica.
Especialmente crítico se mostró Herranz con el recorte de los derechos sociales. "El trabajo, la salud, la vivienda e incluso las prestaciones básicas han dejado de ser derechos inherentes a la persona para convertirse en beneficios para aquellos que logren cumplir unos requisitos que están cada vez más lejos de una parte importante de la población", dijo Herranz, quien añadió que Cáritas ha sido testigo de excepción del deterioro de la situación social y sus gravísimas consecuencias sobre la población.
Víctimas
Por su parte, la secretaria general de Cáritas, Fátima Díaz, consideró "especialmente preocupante" ese 40% de familias que acudieron a Cáritas el año pasado por primera vez, ya que a su juicio constituyen "las víctimas de una política de recortes sociales que sólo responde a los intereses del poder económico y que pretende perpetuar un sistema que, en su mejor momento, ya arrastraba dos millones de parados y una legión de excluidos sociales".
Díaz añadió que el 70% de las familias que acudieron a Cáritas, lo hicieron después de pasar por los centros de servicios sociales, que les negaron las ayudas solicitadas, pese a "cumplir los requisitos para recibir una subvención económica", o les dijeron que tenían que esperar 9 meses para acceder a ellas, cuando lo que necesitaban era una asistencia urgente. Esta avalancha de peticiones de ayuda está desbordando a Cáritas que no puede atender a todas las personas que tocan a su puerta, según reconoció Herranz.
"Estamos dando prioridad", aclaró, "a los casos más urgentes. No siempre podemos ayudar por falta de fondos", reconoció Díaz, quien informó de que el dinero que recibe este año la ONG de las administraciones es prácticamente el mismo, "con un ligero descenso", pese a que la demanda aumenta. En la provincia de Las Palmas, en concreto, el número de familias atendidas se incrementó en un 2%. "No sólo aumenta el número de personas atendidas, sino las demanda de éstas", porque sus condiciones de pobreza y exclusión van empeorando a medida que dejan de cobrar el paro y otras prestaciones y ayudas.
Por otro lado, Cáritas llamó la atención sobre el hecho de que las mujeres "continúan siendo las principales afectadas por las situaciones de pobreza", ya que tienen mayor dificultad de acceso a un trabajo digno y a las prestaciones sociales y, al mismo tiempo, "son ellas las que asumen las tareas del cuidado" de la familia.
El 84% de los beneficiarios de la ONG se encuentran en situación de desempleo y la mayoría está en paro de larga duración. Un 11% reconoce que hace trabajillos en la economía sumergida para sobrevivir y aumentan las familias que están en riesgo de perder su vivienda. "Cada vez son más las familias jóvenes que regresan con sus padres" ya jubilados, que les ayudan además a superar el bache con sus precarias pensiones.
"Es urgente", sostuvo Pedro Herranz, "colocar, por encima del dinero y de los sistemas de especulación, la dignidad de la persona, sus derechos y las garantías suficientes para que todas puedan vivir dignamente".
