La Guardia Civil arresta a 100 personas por el contrabando de gas en La Luz

La investigación, que ha sido bautizada por los mandos policiales como operación Refresco y cuenta con la participación de altos cargos comunitarios, es pionero en la UE y está dirigida tanto por el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria como por la Fiscalía de Medio Ambiente, cuyo delegado provincial en Las Palmas, Javier Ródenas Molina, denunció en julio ante la magistrada María Isabel de Vega el supuesto contrabando ilegal de R-22.

Sin embargo, las pesquisas del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) y de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil, con sede en Madrid, empezaron cinco meses antes, con exhaustivos seguimientos a varias empresas radicadas en el puerto de Luz y de Las Palmas.

Cinco empresarios

Esos dispositivos de vigilancia y seguimiento se completaron luego con los correspondientes pinchazos telefónicos autorizados por la juez, un operativo que desembocó en la primera tanda de arrestos el 28 de noviembre, todas practicadas en la capital grancanaria. Entre los principales detenidos estaban dos directivos de Fricom y otros dos de Sernamol. Los cuatro, así como un quinto empresario de Solquimia, compañía localizada en Zaragoza, negaron el comercio ilegal del gas ante la autoridad judicial y fueron puestos en libertad provisional, pero bajo las imputaciones de contrabando, falsedad en documento mercantil y un delito contra seguridad colectiva en la modalidad de riesgo catastrófico provocado por explosivos y otros agentes.

Y es que los investigadores consideran, al menos de manera indiciaria, que esas empresas suministraban ilegalmente R-22 a la flota pesquera rusa y lituana, un gas que es utilizado para congelar el producto de la pesca en alta mar y que está prohibido en los 27 países de Unión Europea por sus efectos dañinos para la capa de ozono.

De hecho, el medio centenar de agentes que tomó por esas fechas el muelle pesquero de la capital grancanaria, algunos llegados desde Madrid para dirigir la operación, se incautaron de 150.000 kilos de R-22, también conocido como clorodifluorometano, cuyo comercio hubiera reportado a las empresas implicadas un beneficio de cuatro millones de euros sólo este año. Para ello se realizaron 17 registros en consignatarias y almacenes y sedes de las sociedades involucradas, al tiempo que se inspeccionaron siete buques de distintas nacionalidades, muchos con bandera de conveniencia.

Algunos detalles de esta operación, primera que se ejecuta en la UE tras la prohibición de este fluido tóxico en 2010, fueron explicadas ayer a la agencia Efe por el teniente Oscar Fernández Camacho, que pertenece a la jefatura del Seprona.

El mando policial asegura que el protocolo de Montreal, suscrito por los socios de la ONU y otros países, acordó un calendario progresivo para eliminar este gas porque genera daños en la capa de ozono, pues causa la entrada de rayos UVA que pueden afectar al ADN y provocar desde quemaduras hasta ceguera y mutaciones.

Sin embargo, los estados miembro de la UE fueron más allá y acordaron su prohibición total, aunque permitieron que empresas de los países comunitarios, tras asignarles una cuota de importación, lo compren en el mercado asiático para luego reenvasarlo y exportarlo a estados que todavía permiten su uso, pues en los países de la Unión fue prohibido en 2010 y sólo se permite su comercialización en estado reciclado hasta 2015.

Así, desde la UE se adquieren cisternas de hasta 18.000 kilos y ya en Europa se reenvasan en bombonas con capacidad desde 12 kilos hasta 1.000, todo ello dentro del "canal legal", ha subrayado el teniente del Seprona, quien ha especificado que el 88 % del comercio "controlado" de este gas corresponde a empresas españolas.

La UE, por tanto, es quien otorga las licencias para ese comercio a países que no han prohibido el gas R-22 con la finalidad de que lo compren, envasen y exporten, pero los imputados en la operación Refresco -domiciliados en Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Zaragoza- hacían un uso ilegal de esa autorización, según los indicios que maneja la Guardia Civil.

El teniente también ha resaltado algunas de las irregularidades que han aflorado durante la investigación, como la utilización indebida del gas, ya que no se empleaba para refrigerar las cámaras frigoríficas de los barcos en alta mar, sino en tierra tras manipularlo en bombonas que estaban prohibidas.

Además, en ocasiones, el gas tenía un destino diferente al declarado en las solicitud de licencia y, por ejemplo, iba a parar a un buque distinto al que se había reseñado. Otras veces la venta se hacía de forma directa sin permiso previo.

Los implicados, que principalmente importaban el R-22 en estado puro de China, obtenían importantes beneficios, toda vez que adquirían el gas a un precio que oscilaba entre los cuatro y los ocho euros el kilo, para venderlo posteriormente a 40. Esta práctica impedía competir en igualdad de condiciones a otras empresas que actuaban dentro de la legalidad.

Los investigadores calculan que, sólo en lo que va de año, los beneficios de estas empresas rondarán los cuatro millones de euros, aunque a esa cantidad habría que sumarle el negocio cosechado desde 2010, que es cuando comenzó el comercio ilegal de esta sustancia. En ese sentido, la magistrada ha clausurado de forma cautelar la actividad de una de las empresas implicadas, en concreto de Sernamol.

Los implicados, según la Fiscalía General del Estado, pueden haber incurrido en un delito de tenencia, comercialización o transporte de sustancias inflamables, corrosivas o tóxicas para la salud y el medio ambiente, que está castigado en el artículo 348 del Código Penal con prisión de seis meses a dos años, aunque la investigación judicial está en ciernes y las imputaciones son provisionalísimas.

También se contempla la posible comisión de un delito tipificado en el artículo 325, que castiga las emisiones o vertidos en la atmósfera, suelo, subsuelo o aguas marítimas con penas de seis meses a cuatro años de cárcel.

Otros delitos en los que podían haber incurrido son los de falsificación de documentos públicos, para los que la pena es de tres a seis años, como prevé el artículo 390, y en el de contrabando, castigado con penas de uno a cinco años en la Ley de Represión del Contrabando para aquellos que trafiquen con sustancias químicas tóxicas a través de una organización.

Para esta investigación, que comenzó en febrero, la Guardia Civil ha destinado a un total de 60 agentes y ha contado con la colaboración del Servicio de Inspección y Control de Aduanas y del Ministerio de Agricultura.

La Unión Europea obliga a sus miembros a controlar y sancionar las actividades de producción y tráfico incontrolado de sustancias que agotan o deterioran la capa de ozono, tal y como recuerda la Fiscalía, que subraya la importancia de esta primera operación a gran escala que se desarrolla en España para combatir el comercio ilegal de esos gases.

Durante la operación, la Fiscalía ha mantenido permanente contacto con las autoridades comunitarias, que han enviado a España a un alto cargo para conocer de primera mano los resultados.