El alcalde de la capital grancanaria Augusto Hidalgo rechazó ayer que la decisión del gobierno tripartito de dar carpetazo a la intervención administrativa de Emalsa, pese a la graves irregularidades puestas de manifiesto por el interventor Rafael Bolívar en sus informes, constituya una prevaricación, como ha asegurado el anterior regidor, el popular Juan José Cardona.

Hidalgo sostuvo que la intervención de la compañía mixta va a acabar por "muerte natural" el próximo 17 de octubre, ya que esa es la fecha que estableció el Partido Popular (PP) para la finalización del proceso, tras la prórroga de un año sobre los seis meses de duración que se fijó inicialmente.

El regidor arremetió contra Cardona, al que pidió que, por "respeto" al cargo de alcalde de esta ciudad que ha ejercido, se informe y asesore mejor a la hora de realizar sus críticas. El exalcalde ha anunciado que denunciará al Gobierno tripartito ante los tribunales por prevaricación, si éste pone fin a la intervención, sin ninguna argumentación de peso frente a las irregularidades que ha puesto de manifiesto el interventor.

"Si fuera otra persona", manifestó Hidalgo de su antecesor en el cargo, "me lo tomaría con mayor alegría pero ha estado sentado en este despacho de alcalde y debería como mínimo asesorarse o informarse de las cosas antes de hablar de este tipo de cuestiones sin sustento de ningún tipo".

Augusto Hidalgo confirmó que, tal y como adelantó el pasado mes de julio en rueda de prensa, "la intervención de Emalsa va a acabar el día 17 de septiembre por muerte natural, porque así se definió por parte del anterior gobierno". "Y se acaba", insistió, "no porque lo decida yo ni porque vaya a tomar una iniciativa administrativa al respecto".

Lo único que ha decidido su gobierno, añadió, es "no prorrogar" de nuevo el periodo de la intervención, porque "no soluciona los problemas de los ciudadanos con respecto al agua. Los problemas que hubiera, los vamos a solucionar con acciones como la tarifa social del agua", con la que se prevé bonificar el pago del recibo a unos 5.000 ciudadanos con escasos recursos económicos.

"La intervención", manifestó, "se extingue el 17 de septiembre. No vamos a tomar ninguna decisión. La única decisión que se adoptó en su momento por parte del anterior gobierno fue prorrogar los seis meses de duración un año más y ese plazo se cumple el 17 de septiembre de 2015. Si no se prorroga, muere".

Farsa

El regidor calificó de "farsa" la intervención de Emalsa el pasado mes de julio y aseguró que se puede mantener el control de la compañía desde el consejo de administración, en el que el Ayuntamiento está en minoría y sólo tiene cuatro representantes, pues el municipio sólo tiene el 34% de las acciones frente al 66% de las empresas Saur y Sacyr-Valoriza. El control, aseguró. "Va a ser exhaustivo y real", dijo.

El Ayuntamiento no ha informado aún de las conclusiones de la auditoría realizada por KPMG, por encargo de la compañía, que Hidalgo aseguró que haría pública en cuanto se acabase. Hasta ahora, lo único que se conocen son los informes que ha realizado el interventor en los que, entre otras cuestiones, cuestiona la solvencia de la compañía mixta para garantizar el servicio. Rafael Bolívar ha denunciado también la existencia de múltiples y reiterados incumplimientos por parte de la empresa Emalsa.