La Económica crea un tribunal arbitral para la resolución de conflictos

Este órgano es una Asociación constituida al amparo de la Ley nacional 1/2002 de Asociaciones; de su homóloga, la Ley 4/2003 del Parlamento de Canarias y su Reglamento; y de la Ley nacional 60/2003 de Arbitraje. Está inscrita en el Registro de Asociaciones de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias; y se halla vinculada, mediante convenio de colaboración, aunque sin detrimento de su independencia, con la Real Sociedad de Amigos del País de Gran Canaria.

El tribunal pretende contribuir a solventar conflictos sin "las complicaciones y la duración de la jurisdicción ordinaria, cuya lentitud ningún estado ha conseguido superar", según el director de la Sociedad, Tomás Van de Walle. La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional invitó a promover el arbitraje como la alternativa más práctica a dicha jurisdicción, algo más acuciante en España, "pues nuestra proporción de jueces por habitante es muy inferior a la media europea", añadió.

El arbitraje se resuelve en una única instancia, sin menoscabo de seguridad, pues el recurso de casación, máxima garantía de la jurisdicción ordinaria, sólo cabe en contados asuntos; y en el de apelación, no se revisa la prueba de la primera instancia. La seguridad se garantiza, además, permitiendo a las partes elegir los árbitros que han de resolver su controversia; y estableciendo una Comisión de Supervisión de Laudos, que los examina antes de su emisión, lo que equivale a una apelación ex ante, sin el coste y el tiempo de una apelación ex post. Los árbitros son siete, con experiencia como abogados en distintos campos del Derecho, y en funciones ejecutivas, consultivas, institucionales o legislativas de la Isla, de la CAC, o del Estado, que arrastran además una relación de muchos años, lo que garantiza una cohesión muy conveniente.