La Fiscalía de Delitos Económicos interrogará a Rafael Bolívar para conocer de primera mano las irregularidades detectadas por el funcionario en los 18 meses que ejerció como interventor de la Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas (Emalsa).
El Juzgado de Instrucción número 6 de la capital ha recibido la última documentación solicitada a Emalsa, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Administración estatal sobre la actividad de la compañía mixta en los últimos años. Entre esa información se encuentran los últimos informes elaborados por Bolívar sobre la intervención administrativa de la entidad. En el quinto y último de los documentos emitidos, que cierra el proceso de supervisión abierto por el anterior alcalde, Juan José Cardona, el técnico detalla hasta 14 anomalías graves en la gestión del servicio que ponen en peligro su continuidad. De ahí que el siguiente paso en la investigación es citar a Bolívar en calidad de testigo o de perito para que explique esas irregularidades, según han confirmado fuentes judiciales.
El juez instructor, Luis Galván, le ha dado traslado a la Fiscalía de Delitos Económicos de toda esa documentación y la delegada de la sección especializada, Eva Ríos, solicitará nuevas diligencias tras analizar los informes, entre ellas la citación del jefe del Servicio de Aguas. De hecho, en abril de 2005, cuando se reclamó el grueso de la documentación, la fiscal ya planteó al juez la conveniencia de interrogar a Bolívar.
La intervención de Emalsa la puso en marcha el anterior grupo de gobierno para ejercer un mayor control técnico de la compañía. Sin embargo, pese a las advertencias de Bolívar, el actual tripartito, con el socialista Augusto Hidalgo a la cabeza, optó el pasado mes de septiembre por no prorrogar la intervención y acusó a Cardona de montar una "farsa".
Hidalgo y sus socios de gobierno consideran más efectivo vigilar el cumplimiento de los contratos y de la concesión desde el Consejo de Administración de Emalsa, en el que participa el Ayuntamiento con un 34 % de las acciones. El resto está en manos de Saur Internacional y Valoriza.
Revisión del contrato
El técnico sostiene en su último informe que el modelo contractual acordado en 1992 no defiende el interés general, incluso pone en duda que se garantice el servicio en los térmicos pactados debido a los incumplimientos de los socios privados. De ahí que proponga la revisión de esos acuerdos.
Bolívar también cuestiona la justificación de los costes del servicio, pues "Emalsa ha gestionado durante 22 años 1.000 millones de euros sin supervisión ni control eficaz del titular del servicio", asegura en ese informe. Quedan, según destaca el funcionario, 28 años de concesión y 1.500 millones por facturar. Por eso, ante esa situación de "libre albedrío", sugiere la pertinencia de rescatar el servicio.
El grupo de gobierno, en cambio, ha descartado esa medida y sólo contempla la rescisión del contrato de saneamiento con Sercanarias, una empresa creada por los socios privados para autoadjudicarse servicios vinculados a la concesión municipal, como el mantenimiento de la red de alcantarillado. Esa autocontratación es una de las líneas fundamentales de la investigación judicial. El magistrado, a petición de la fiscal, le ha tomado declaración como imputados a 15 consejeros, directivos y técnicos de Emalsa. El ministerio público los denunció en octubre de 2013 al apreciar indicios de delito societario en la gestión de la entidad por administrarla en beneficio de sus empresas y causarle un perjuicio a la ciudad. La entidad no sólo lo niega, sino que reclama al Ayuntamiento hasta 55 millones por dividendos no percibidos.
