La Fiscalía de Canarias solicita cuatro años y medio de cárcel para un funcionario de la prisión del Salto del Negro al que acusa de haberse dejado sobornar por un recluso para que introdujera en el centro teléfonos móviles, cuyo uso está prohibido dentro del penal.
La Audiencia de Las Palmas juzgará a partir del lunes, ante Jurado, estos hechos, que supuestamente se produjeron durante 2012.
La acusación pública sostiene que José Miguel B.A. se dejó sobornar por el recluso José Ramón G.R., "Monsi", que cumplía en el centro cuatro años de cárcel, como consecuencia de dos condenas diferentes, una de ellas por tráfico de drogas, tras haber entablado con él "una relación que excedía lo aconsejable", dado su trabajo.
Según la Fiscalía, este funcionario de prisiones introducía en el Salto del Negro durante sus turnos de trabajo los teléfonos móviles y se los entregaba a "Monsi" o a otros reclusos de su confianza.
Luego, los móviles iban a parar a manos de los internos que los habían encargado, previo pago de diversas cantidades, lo que permitía al funcionario y al recluso José Ramón G.R. obtener "un lucrativo beneficio económico", añade el fiscal.
Cuando se detectaron estas actividades, la Guardia Civil puso bajo vigilancia al funcionario y averiguó que se iba a reunir fuera de prisión con "Monsi" durante un permiso penitenciario de este.
En ese permiso, resalta el fiscal, los agentes vieron como el preso entregaba al otro acusado en una gasolinera de Las Palmas de Gran Canaria una bolsa que contenía tres teléfonos móviles, dos cargadores, una radio y 1.000 euros "como pago de sus servicios".
La Guardia Civil pudo comprobar el contenido de la bolsa porque detuvo a José Miguel B.A "minutos después" del intercambio, cuando todavía portaba los teléfonos y el dinero.
Tanto el preso como el funcionario se enfrentan por estos hechos a una posible condena de cuatro años y medio de cárcel por cohecho.
El fiscal pide, además, para el funcionario una multa de 5.400 euros y una inhabilitación para ejercer cualquier cargo o empleo público durante diez años. En el caso del recluso, recomienda también que se le imponga una multa de 3.780 euros.
