El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo atribuye la denuncia por el presunto robo del material del escenario del Carnaval capitalino a una desavenencia empresarial. "Hay una disputa entre socios de una empresa privada que en el anterior mandato llegaron a un acuerdo para depositar su material en el Manuel Lois, luego solicitaron retirarlo, lo retiraron y lo que está en el Santa Catalina es, o bien material del Ayuntamiento, o de otras empresas que ha contratado", explicó. Además, Hidalgo puntualizó que si se solicita que la policía judicial verifique que el material que está en el parque capitalino es municipal, "lo hará sin ningún problema".
Por su parte, la concejala de Carnaval, Inmaculada Medina, aclaró que se trata de un conflicto entre Producciones Emsac, la compañía que denunció a la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria por este asunto, y Anayak, "que es una empresa que antes se contrataba para hacer la labor que hace Emsac", apuntó Medina. "El material empleado no es de ellos, porque ya ellos lo habían sacado", declaró, "sino del Ayuntamiento y de otras empresas".
Retirado en noviembre
El material en cuestión lo guardaba la Sociedad de Promoción en el Manuel Lois, hasta que, tal y como verificó la edila, en noviembre se retiró. No obstante, Emsac sostiene que el organismo municipal montó el escenario con su mobiliario y reclama al juez que recupere sus bienes para ponerlos bajo custodia judicial cuando finalicen los festejos.
Álvaro de Cádiz, técnico comercial responsable de Encofrados y andamios Peri, empresa que se encargó del montaje del escenario, la torre de control y la escenografía del Carnaval, precisó que "las gradas no es cosa nuestra" y que "el material de la estructura que soporta la volumetría trasera del escenario" y la torre de control situada entre las dos gradas es propiedad suya. "El Ayuntamiento proporciona la plataforma del escenario; ellos lo suministran y nosotros lo montamos. Y Las casetas que están en la torre de control se las alquilamos a Emsac", añadió.
El portavoz del Partido Popular en el Consistorio capitalino, Juan José Cardona admitió que le duele y le entristece que la imagen del Carnaval y de la propia ciudad se vean afectadas "por un hecho tan deleznable como puede ser un robo" y, por consiguiente, pidió al Ayuntamiento "que haya toda la colaboración y toda la transparencia del mundo para esclarecer lo que haya ocurrido y que el nombre de la ciudad y del Carnaval queden por encima de cualquier episodio moral y éticamente reprochable".
Javier Amador, concejal de Ciudadanos, expuso que "lo que nosotros invitamos es a que la Justicia resuelva rápidamente esto, para que ni el Carnaval ni el Ayuntamiento estén en entredicho. Eso sí, reconoció que "nos alegramos de que, por parte de la parte denunciante, en ningún momento se haya puesto en duda, porque entonces, si la situación, que ya es de por sí extraña, se convertiría en kafkiana si por un asunto de estos el Carnaval estuviese en juego". "La disputa aquí es entre dos empresas, por la propiedad de esos materiales, y nosotros no podemos entrar en causas que ya están en un proceso judicial", dijo.
Algo similar sostuvo el edil de Unidos por Gran Canaria, David Suárez, quien admitió que "a nosotros nos preocupa que todo este asunto pueda perjudicar al Carnaval", e instó al Consistorio a "que lo resuelvan lo antes posible", para que no afecte ni al propio Carnaval ni a cualquier otra actividad cultural que se lleve a cabo en la ciudad.
