El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, alegó ayer que las modificaciones en las condiciones de las reparaciones en La Luz, que han suscitado la crítica de los consignatarios, suponen "un mínimo control necesario" en materia de seguridad y prevención medioambiental.
"Ni va a suponer un freno para la actividad que se viene desarrollando ni la va a perjudicar", garantizó Ibarra, que reconoció que uno de los motivos de los cambios en el Condicionado del Servicio Comercial de Reparaciones de Buques viene dado por los incendios producidos recientemente. "Quien se está quejando tiene que entender que esta medida es un mínimo de la normativa de procedimiento, para prevenir cosas como los incendios provocados por reparaciones que no están controladas desde el principio", aclaró Ibarra antes de señalar que "lo que se intenta es equilibrar la actividad administrativa con las actuaciones en el Puerto".
Tal y como apuntó el presidente, para las reparaciones que duren menos de 72 horas y que realizan y habitualmente las propias embarcaciones, "como puede ser el arreglo de una barandilla o de una puerta", no se exige la aportación de ningún tipo de documentación. "Y en las reparaciones que se llevan a cabo en los talleres, tampoco se exige nada, porque ya está contemplado en la normativa de los propios talleres", agregó.
Eso sí, aquellas que superen las 72 horas de duración "entendemos que ya es una reparación propiamente dicha y se tienen que realizar con la dirección y la responsabilidad de un astillero, de un taller o de un técnico cualificado, y estos tres tendrán que tener un seguro de responsabilidad civil. Es lo mínimo indispensable". "Al ser una reparación", añadió Ibarra, "solicitamos que nos digan quién es el responsable de esa obra de reparación. Lo que no tiene sentido es que el puerto no intente controlar este tipo de actividad, y más con lo que ha pasado últimamente. A algunos consignatarios cualquier solicitud le ocasiona un contratiempo, pero la realidad es que lo que se pretende es algo entendible".
La Autoridad Portuaria informó de que para llevar a cabo las reparaciones mencionadas no será necesaria una autorización, sino presentar una notificación previa al inicio de los trabajos ante Capitanía Marítima y el propio órgano portuario, a efectos de conocer los trabajos que se están llevando a cabo para la planificación en la asignación de atraques. Únicamente será necesaria una autorización previa por parte de Capitanía Marítima como recoge la Ley cuando se trate de determinados casos especiales, como trabajos a bordo de buques que presenten circunstancias especiales que afecten seriamente a la seguridad.
También se distinguen trabajos de reparaciones que, aún teniendo la consideración de prohibidos, pueden ser excepcionalmente autorizados. Es decir, obras que pongan fuera de servicio los medios de propulsión del buque, trabajos a bordo de los barcos que transporten mercancías peligrosas o durante las operaciones de avituallamiento o trasiego de combustible.
Según la Asociación de Consignatarios y Estibadores de Buques de Las Palmas (Asocelpa), esta decisión, aprobada por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, ocasionará "una fuga de pesqueros, principalmente, y de buques de carga frigorífica, a otros puertos de la zona". En concreto, los consignatarios aseguran que esta regulación "obstruccionista" de la actividad marítima provocará la huida de unos 80 buques al año, cuyos armadores optarán por otros recintos donde no se exijan notificaciones para este tipo de trabajos.
