El gobierno tripartito de la capital acaba de contratar a la auditora Auren Asesores Fiscales y Legales, L.P. A., para responder a la reclamación de Emalsa al Ayuntamiento de 56 millones de euros. El recurso contencioso administrativo fue presentado a mediados del año pasado, en pleno proceso de intervención administrativa de la sociedad, al considerar los socios privados que no se han repartido los dividendos que la empresa ha obtenido desde 1993.

Saur y Valoriza han seguido adelante con el recurso, pese a la decisión del gobierno municipal de abonarles 15 millones de euros por la limpieza de las alcantarillas de la ciudad, cuyo pago bloqueó el anterior alcalde, Juan José Cardona, al considerar que la empresa no acreditó haber realizado dicho servicio. La decisión del actual gobierno se produjo tras una sentencia a favor de Emalsa, que la ciudad desistió de recurrir.

El fichaje de los asesores jurídicos, que se ha realizado a través de un procedimiento negociado, le ha costado a la ciudad 19.260 euros y según la resolución aprobada por el concejal de Aguas, Roberto Santana, el contrato tiene como objeto la asistencia técnica a la asesoría municipal para contestar al recurso interpuesto por la empresa mixta sobre la reclamación de capital social. En concreto, Emalsa reclama el reparto de 88,5 millones de euros y se supone que al Ayuntamiento le corresponden 32, 5 millones de esa cantidad global -ya que posee el 34% de las acciones de la compañía- y a los socios privados 56 millones. El alcalde Augusto Hidalgo expresó su confianza en que Saur y Valoriza dieran marcha atrás en su reclamación del pago de dividendos, ante la decisión del gobierno de abonarle el servicio de saneamiento, cuyo pago estaba bloqueado desde 2013, pero la contratación de los abogados externos refleja que los socios siguen adelante con su reclamación.

La concejala de Fomento y Servicios Públicos, Inmaculada Medina, justificó la contratación de la auditora privada porque los letrados municipales tienen que atender otros asuntos del Ayuntamiento y la gran cantidad de litigios con Emalsa exige un trabajo extraordinario. "Se invitó a cuatro empresas", afirmó, "la única que presentó ofertas fue Auren y el contrato se efectuó a petición de los servicios jurídicos, que están desbordados con la gran cantidad de trabajo que tienen".

Según la edil, este litigio es consecuencia de la actuación de Cardona, que, "en vez de conciliar y buscar soluciones a los problemas, los aumentó, en este caso, por dar la callada por respuesta a la reclamación de la compañía". Medina recordó que los socios privados presentaron en julio de 2014 un escrito por la vía administrativa en el Ayuntamiento, en el que reclamaban el reparto de 88,5 millones de dividendos. "Cardona no respondió y la empresa presentó un recurso contencioso-administrativo en los tribunales en julio de 2015. Ahora estamos resolviendo todos los pufos que nos dejó el señor Cardona", sostuvo.

La responsable de los servicios públicos municipales aseguró que se está intentando convencer a los socios privados para que retiren la demanda

Los peritos de Auren fueron los encargados de realizar, tras la exigencia en 2012 de Juan José Cardona al consejo de administración, la auditoría de los contratos de servicios y obras que Emalsa adjudicó a las empresas de sus socios privados, entre ellas Sercanarias. Esta auditoría fue puesta en tela de juicio por la fiscal de Delitos Económicos, Eva Ríos, que criticó la "falta de rigor" y la "más que dudosa fiabilidad de sus conclusiones". Pese a las deficiencias detectadas, Ríos encontró en la auditoria indicios suficientes para denunciar el daño que dichos contratos habían causado a la empresa mixta e impulsó un proceso penal por presunto delito societario, por el que están siendo investigados 15 ejecutivos de la compañía, ya que la causa sigue en marcha.

El PP, por su parte, se ha mostrado muy crítico con la contrata-ción de los abogados externos y consideró que la "ausencia de dirección del Ayuntamiento" en materia de Aguas "le sale cara al Ayuntamiento".